El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó el sábado su asistencia al diálogo con el gobierno de Nicaragua al fin de la represión a las protestas que por cuarto día consecutivo continúan en el país, y a la inclusión en las pláticas de otros sectores sociales.
"Dado que la crisis va más allá del descontento de reformas del sistema de pensiones, demandamos urgentemente al gobierno" el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los detenidos y el respeto a las libertades de prensa y expresión, dijo el Cosep en un comunicado.
Las protestas y los choques con la policía y fuerzas de apoyo del gobierno se registraban aún el sábado en distintos puntos del país centroamericano, el segundo más pobre después de Haití en América. El gobierno debe "cesar de inmediato la represión de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque afines al gobierno y garantizar el derecho a la libre movilización pacífica", liberar a los detenidos y garantizar las libertades, dijo el comunicado.
"No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo, el cual debe partir de una agenda amplia en la que se incluyan los temas de interés nacional con la participación de representantes de los jóvenes, sectores académicos y la Conferencia Episcopal", señalaron los empresarios.
"Urgimos al gobierno a crear estas condiciones en forma inmediata para evitar más derramamiento de sangre", añadió el gremio empresarial, que ha sido vital aliado del gobierno de Ortega desde que este volvió al poder el 2007.
Hasta antes de la reforma de esta semana, el gobierno nicaraguense y el Cosep negociaron e impulsaron juntos las medidas y leyes económicas del país, incluyendo las conversaciones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ortega reconoció el sábado que impulsó la reforma de pensiones sin lograr consenso con sus aliados empresarios, pero que era necesario raelizar esa modificación "gradual" para la viabilidad del sistema. Agregó que asesores del Fondo Monetario Internacional querían que se implementara una reforma de mayor drasticidad.
(*) Iván Castro es corresponsal en Nicaragua de ContraPunto