A pesar de que el trabajo doméstico remunerado representa un pilar esencial de la economía, la atención que la clase política y empresarial pone al respecto deja mucho que desear. Tal como lo señala el Análisis Socioeconómico realizado por el Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para el año 2010, si el trabajo no remunerado de labores domésticas, cuidados y trabajo voluntario fuera contabilizado, éste podría llegar a representar el 21% del Producto Interno Bruto, superando el aporte de las industrias manufactureras, las actividades inmobiliarias y la agricultura. Queda claro entonces que el trabajo de cuido es tan relevante como cualquier otra fuente de producción de bienes y servicios.
Por otro lado, el trabajo doméstico remunerado, debido a múltiples factores (entre ellos culturales y legales), no se considera de forma tal que quienes lo ejercen puedan tener un contrato de trabajo ni mucho menos un salario que permita reproducir sus vidas y la de sus familias. Usualmente la remuneración de la prestación de estos servicios es otorgada mensualmente, pero se mantiene por debajo de los límites establecidos por la ley y no permite satisfacer las necesidades básicas. A este problema debe de agregarse que la gran mayoría de quienes ejercen este trabajo son mujeres y niñas que no cuentan con una cobertura social: no cotizan una pensión y no son parte de la planilla del seguro social. En el estudio realizado por la UCA, se señala que ya existe una ley donde las trabajadoras domésticas pueden ser parte del seguro social, sin embargo, ésta es de carácter voluntario, lo que hace que la mayoría de los patronos no los inscriban en la planilla de trabajadores.
Las mujeres que son empleadas para trabajos de servicio doméstico representan el sostén de muchos hogares pues se encargan de satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, el aseo, el cuidado tanto de los menores como de las personas mayores y de la reproducción vital de cada uno de los miembros familiares. Reconocido como parte del ámbito laboral no puede ser pasado por alto ni por el Estado ni por la sociedad salvadoreña; es necesario que se reconozca que las trabajadoras domésticas merecen tener un salario conforme a lo que establece la ley, que retribuya justamente la cantidad e intensidad de trabajo que ejercen; del mismo modo, se necesita la existencia de un contrato laboral en donde se detallen las obligaciones y los derechos de las trabajadoras y sus patronos.
Por supuesto, el Estado debe velar por establecer las condiciones judiciales y económicas para que las trabajadoras domésticas no sean sobreexplotadas y que tengan garantía de trabajar en un ambiente seguro para ellas. Socialmente es imprescindible crear conciencia que el trabajo doméstico remunerado es igualmente valioso que muchas otras actividades productivas. Hago un llamado a las personas que contratan servicios de trabajadoras domésticas y al Estado, para que evaluemos y garanticemos el estado en que se encuentra este tipo de trabajo teniendo en cuenta su tremenda importancia.
