El Gobierno de El Salvador ha admitido ante investigadores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que la administración del expresidente Donald Trump mantiene el control sobre más de 200 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Según la comunicación oficial entregada a la ONU —y presentada este lunes por abogados defensores de más de un centenar de los migrantes—, la responsabilidad legal y jurisdiccional sobre estas personas recae en autoridades extranjeras. “La jurisdicción y responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y de conformidad con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal”, detalla el documento.
Esta revelación arroja nueva luz sobre un polémico acuerdo entre los gobiernos de Trump y Nayib Bukele, que incluyó un pago de 6 millones de dólares a El Salvador para alojar a 300 migrantes, en su mayoría venezolanos. La decisión de expulsarlos fue sustentada por la Casa Blanca bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada para acelerar las deportaciones de personas acusadas de vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13.
Desde entonces, diversas demandas legales han sido interpuestas en Estados Unidos en contra de estas expulsiones. Uno de los casos más notorios es el de Kilmar Abrego García, quien fue devuelto a EE.UU. a inicios de junio mientras su proceso legal continúa. Además, la ONU y otros organismos internacionales han iniciado investigaciones, calificando las deportaciones como una posible “desaparición forzada masiva.”
Para los defensores de los migrantes, esta admisión por parte del Gobierno salvadoreño representa una pieza clave en su lucha legal. “El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todo el mundo entendía: es Estados Unidos quien controla lo que ocurre con los venezolanos que languidecen en el Cecot,” afirmó Lee Gelernt, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), en declaraciones a la agencia AP.
