Son las 6 de la mañana en San José Las Flores y una caravana de cientos de personas se disponen a caminar por los quebrados y serpenteados caminos del caserío Las Aradas, municipio Ojos de Agua, en el norte del departamento de Chalatenango.
Esquivando riachuelos y recorriendo los senderos, camina la sobreviviente María Dina Calles al frente de la peregrinación cuyo destino es la ribera del río Sumpul, porque allí, hace 38 años, fueron asesinadas alrededor de 600 campesinos durante el conflicto armado en El Salvador.
“Mi historia es que cuando vinimos al río no nos imaginamos lo que nos esperaba. La mayoría de nuestras familias y amigos murieron aquí. Solo veíamos cuando los aviones bombardeaban y nos escondimos bajo los matorrales. Yo sobrevivo porque Dios es grande”, relató la mujer.
La masacre del río Sumpul permanece en la impunidad ante la falta de voluntad política de las autoridades salvadoreñas de castigar a los culpables de este crimen de lesa humanidad, señaló Alejandro Gómez, abogado de la Asociación de Derechos Humanos “Dra. María Julia Hernández”.
“Según el proceso judicial, fueron asesinadas alrededor de 600 personas a consecuencia del operativo militar denominado “˜Tierra Arrasada, Yunque y Martillo”™, donde las fuerzas militares hondureñas y salvadoreñas le disparan a la gente desde ambos extremos del río Sumpul. Las personas que no fueron alcanzadas por las balas murieron ahogadas por la crecida del río”, manifestó el querellante.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos en reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades salvadoreñas desclasificar los expedientes de los operativos militares de la guerra civil para determinar las responsabilidades e identificar a los autores intelectuales; sin embargo, los altos mandos militares alegan que los archivos han “desaparecido”.
La impunidad de las masacres cometidas durante la guerra civil salvadoreña en los años 80 parece repetirse en la historia en la región centroamericana ante el regreso de las políticas de militarización, advirtió Pedro Cabezas, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
“Irónicamente estamos ante un contexto parecido a lo que vivimos en los años 80 durante la guerra fría y a pesar del fracaso del modelo neoliberal los gobiernos de la región, se empecinan en implementar políticas económicas y militarización con la intención de reprimir la protesta e insurrección social, como está sucediendo en Honduras y Guatemala, misma situación puede acontecer en El Salvador”, indicó Cabezas.
Ante ello, las víctimas de las masacres buscan impulsar turismo de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, con el apoyo de organizaciones salvadoreñas, canadienses como Salvaide y de Bélgica, que donaron dinero para comprar parte del terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie contigua a la ribera del río Sumpul, en Las Aradas, donde muchas víctimas fueron asesinadas en aquel 14 de mayo de 1980. Dicho esfuerzo es con el propósito de demandar justicia y que no se repita esta trágica historia.
