En las riberas del río El Calabozo, en el municipio de San Esteban Catarina, San Vicente, 300 campesinos provenientes de los cantones, Santo Domingo, San Sebastián, Santa Clara, San Lorenzo y San Esteban Catarina fueron asesinados por los soldados de los batallones Atlacatl, Belloso y el Atonal.
La masacre ocurrida el 22 de agosto de 1982, les arrebató la vida en su mayoría a niños, mujeres y ancianos. 34 años después un paso para la reparación de las víctimas ha sido dado, según la Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura), al nombrar el lugar como: “Bien Cultural para el resguardo de la memoria histórica”.
La institución anunció que el nombramiento de Patrimonio Cultural fue otorgado en cumplimiento al Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el contexto del conflicto armado.
Marlon Escamilla, director nacional de Patrimonio Cultural y Natural, afirmó que el nombramiento es parte del Decreto 204/2013 que estipula medidas de dignificación en el ámbito de la cultura en su artículo 11.
Asimismo, Secultura consideró que los actos conmemorativos realizados por los pobladores desde 1993, el informe de la Comisión de la Verdad, el cual, corrobora la masacre contra 300 campesinos y el monumento en honor a las víctimas fueron elementos determinantes para el nombramiento.
En este sentido, la Secretaría de Cultura emite como parte de la Declaratoria, una serie de medidas de protección, las cuales, limitan las obras de construcción que alteren el lugar y el monumento; permitiendo únicamente labores para su mejoramiento, mantenimiento y restauración.
Además se prohibirá el uso de vallas publicitarias, torres eléctricas o de telefonía, estaciones de energía o de transferencia de desechos y estacionamientos en la zona.
Como parte de las medidas de protección del nuevo patrimonio cultural, Secultura, anunció la divulgación de charlas de concientización sobre el valor histórico y protección del sitio en las comunidades y centros escolares aledaños.
El lugar de la masacre ahora será reconocido como un sitio con valor histórico, simbólico, espiritual, religioso y social, el cual, será protegido y conservado de acuerdo a la Ley Especial de Protección al patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES)