La organización defensora de derechos humanos, Cristosal, explicó la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la cual solicita que el Ejecutivo suspenda la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
La medida fue en representación de 56 jueces y magistrados salvadoreños, que se verán afectados a partir del 26 de septiembre, fecha cuando la Corte Suprema de Justicia presentirá de los servicios de jueces y magistrados que tengan más de 60 años o 30 años de laborar en la institución.
La entrada en vigencia de esta reforma obligaría a más de 240 jueces, juezas, magistradas y magistrados a cesar a sus cargos, según recalcó Zaira Navas, jefa de estado de derecho y seguridad de Cristosal.
“Se pretende trasladar a cualquier parte del país a jueces que se consideren incómodos. Es decir, que el gobierno busca jueces a la carta”, dijo Navas.
Para Cristosal, esta reforma representa un ataque a la independencia judicial. Ejemplo de ello es, según David Morales, jefe de justicia transicional, la separación del juez Jorge Guzmán, quien ha estado al frente del caso de la masacre de El Mozote desde 2016.
Morales aseguró que las víctimas de la masacre y sus familiares se encuentran en incertidumbre respecto a su caso.
“Las resoluciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento y esperamos que la demanda presentada el día de ayer tenga los resultados y que el Estado de El Salvador cumpla a instancias internacionales”, expresó Navas.
La jefa de Cristosal agregó que la sanción a la reformas de la Ley de la Carrera Judicial es la consumación del golpe de Estado realizado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
“La destitución arbitraria de 248 jueces y magistrados es producto de la sanción de las reformas a la ley de la carrera judicial que es realmente la consumación del golpe de Estado que Bukele ha dado al sistema judicial eliminando el sistema de pesos y contrapesos”, sostuvo la jefa jurídica.
“Lo que se quiere son jueces a la carta, dóciles”, Zaira Navas, Cristosal.
Navas lamentó “que quede en desprotección a una tutela judicial que tiene la población salvadoreña, ante la falta de jueces independientes no podemos esperar justicia”.
La jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, indicó las disposiciones técnicas que sustentan la denuncia ante el ente internacional y explicó cuatro de los derechos vulnerados a los jueces y las juezas del Órgano Judicial.
“En primer lugar al colectivo de jueces hay dos tipo de derechos, y nos referimos a la Igualdad y No Discriminación protegida por la Convención de Derechos Humanos en razón de la edad y porque demás empleados públicos no tienen obligatoriedad de retirarse a los 60 años”, sostuvo López.
Agregó que en segundo lugar, el Estado vulnera “el Derecho al Respeto de Principio y Legalidad en el marco de un proceso sancionador porque a partir del discurso público y discriminación partiendo de pronunciamientos de diputados y presidentes implica un perjuicio a los miembros de la carrera judicial”, explicó la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal.
Además, el tercer derecho que es vulnerado es “el derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo que tampoco no está previsto”, dijo López.
Y añadió como vulnerado “el derecho a permanecer en el cargo en relación con el principio a la independencia judicial”.
En la conferencia de prensa acompañaron también personas de la organización Concertación Monseñor Romero, y de la Fundación para el Debido Proceso.
Jueces y magistrados informaron ayer que presentaron una denuncia al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras las sanciones a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que cesa a aquellos funcionarios de la judicatura mayores de 60 años y que tengan más de 30 años de trabajar.
La denuncia fue presentada por abogados de Cristosal y va específicamente en contra de la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. La denuncia también recoge las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, a pesar que ningún fiscal se ha mostrado ofendido por el decreto que los obliga a cesar sus cargos.
APES y Human Rights Watch rechazan amenazas a Gato Encerrado
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Human Rights Watch rechazaron las amenazas realizadas por el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, a la revista GatoEncerrado tras decirles que tengan “cuidado con las infracciones”, si no exhiben una fuente anónima que declaró en un reportaje periodístico de la revista que Argueta se habría reunido con cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral previo a la sentencia que habilita la reelección presidencial inmediata.
“El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, amenazó a la revista GatoEncerrado de caer en infracciones si no revelan su fuente de información”, escribió la asociación, a través de una alerta de vulneración al trabajo periodístico.
Ante eso, el director de Human Rights Watch, José Vivanco, señaló el tuit de Argueta como “amenaza” a la revista digital.
Dijo también que se trata de “Nuevo atropello del Gobierno de Bukele contra la prensa”.
Mientras que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) recomendó a Argueta leer el análisis de la sentencia de la Sala de lo Constitucional 91-2007 elaborado el 7 de octubre de 2010.
¡Por favor, no seamos desmemoriados! Escribió la fundación en su cuenta de Twitter.
