El congreso de Estados Unidos habría decidido limitar el acceso de El Salvador a fondos de Ayuda Militar Extranjera del presupuesto de la nación estadounidense, según el Comité en Solidaridad con El Salvador (CISPES).
Por lo cual, el Ministerio de Defensa ya no tendría un presupuesto tan holgado para compra de armas, equipo de defensa y otros servicios.
La organización que celebró la medida, dijo que la restricción de fondos está contemplada en el proyecto de ley (ómnibus Bill) aprobado el pasado 21 de diciembre por representantes del Congreso Estadounidense para financiar los meses restantes del año fiscal 2021, el cual cierra el 30 de septiembre del próximo año.
El proyecto aprobado contempla un total de $55.505 mil millones de dólares para programas estatales relacionados con operaciones extranjeras, los cuales incluyen una partida de $9,000 millones en bajo el concepto de Asistencia Internacional para la Seguridad en el cual se incluye la Ayuda Militar Extranjera que, en su mayoría, continuará financiando enfoques de política exterior que priorizan los intereses geopolíticos de EEUU como la inversión del sector privado, en contra de la influencia Rusa y China, la militarización, entre otros.
Al respecto, la Directora Ejecutiva de CISPES, Alexis Stoumbelis, opinó que “aunque hay mucho que lamentar en este proyecto de ley del Congreso en cuanto a las medidas para la clase trabajadora y las comunidades pobres de Estados Unidos ante la pandemia, vemos a bien que los miembros del Congreso restrinjan el financiamiento militar a El Salvador, pues el comportamiento del presidente Nayib Bukele en el último año, orientado a politizar las fuerzas de seguridad, es preocupante”.
Asimismo, Stoumbelis señaló que “con estos recortes, los miembros del Congreso están tratando de enviar un mensaje en contra de las prácticas de la administración Bukele de atacar a las instituciones democráticas, defensores de los derechos humanos y a la prensa independiente; y nosotros nos estamos organizando para continuar difundiendo ese mensaje en los meses previo a las elecciones de El Salvador”.
La decisión del Congreso representa una nueva restricción en la asistencia de militar a El Salvador, lo que indica que la creciente preocupación sobre las tendencias autoritarias de la administración, tal como la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, las detenciones arbitrarias, abusos a los derechos humanos en las cárceles y el continuo enfrentamiento del presidente contra otras instituciones democráticas, incluida la Corte Suprema, entre otras acciones criticadas por diversos congresistas desde el inicio de la pandemia, están teniendo resonancia en los tomadores de decisión estadounidenses.
Ante esto, el gobierno salvadoreño no ha sentado postura.
