Estados Unidos y la organización Human Rights Watch (HRW) expresaron hoy su preocupación por las reformas aprobadas por el Congreso salvadoreño que cesan a los jueces y fiscales sexagenarios, lo que catalogan como una amenaza a la independencia judicial en El Salvador.
Le encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, publicó un tuit en el que expresó que “nos preocupan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía”, ya que “un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia”.
Señaló que la “experiencia, conocimiento profundo y sabiduría son esenciales en la aplicación de la ley y otras carreras. La discriminación general por edad o años de trabajo asegura que no se aprovecha el talento que hay y abre la puerta a influencias políticas en el sistema judicial”.
Por su parte, HRW indicó que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa “amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más”.
La organización señaló que, si bien no está claro cuántos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200, de los aproximadamente 700 jueces en el país, podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron nombrados por el oficialismo y sus aliados en el Congreso el 1 de mayo pasado.
“Desde que los partidarios de (el presidente Nayib) Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según un comunicado difundido este jueves.
Añadió que “estas leyes parecen diseñadas para garantizar el control del Gobierno sobre un gran número de jueces y fiscales de nivel inferior”.
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La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, votó el martes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que cesan a los jueces y fiscales con 60 años cumplidos para supuestamente depurar el sistema judicial y el Ministerio Público, medida que la oposición calificó como una “violación a la independencia judicial”.
Ambas propuestas de reformas fueron introducidas a la sesión plenaria por legisladores del partido oficialista Nuevas ideas (NI) y fueron aprobadas sin mayor debate parlamentario.
La medida no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno
