Por Alonso Rosales
La Policía de Ecuador detuvo este jueves a Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales figuras del movimiento Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa (2007-2017), en el marco de investigaciones fiscales sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales y posibles delitos de lavado de dinero.
La detención se produjo durante la madrugada en Canuto, una localidad rural de la provincia de Manabí, de donde es originaria la dirigente política. Según la información difundida por CNN en Español con base en datos de EFE, el operativo fue ejecutado por agentes policiales enviados desde Quito.
El arresto ocurre a pocas semanas de las elecciones regionales previstas para finales de noviembre y en un contexto de tensión política, después de que las autoridades electorales suspendieran a Revolución Ciudadana e impidieran su participación en los próximos comicios.
Fiscalía investiga el financiamiento de campañas
La Fiscalía ecuatoriana informó que, junto con la Policía, ejecutó tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por presunto lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha. El Ministerio Público no precisó en su comunicado si González figuraba entre las personas arrestadas mediante esas órdenes.
La investigación, denominada caso Laberinto, busca esclarecer presuntas irregularidades en el financiamiento político y en los gastos de publicidad electoral durante la campaña presidencial de 2023. Las autoridades señalaron que existen inconsistencias que deben investigarse en los aportes recibidos y en el origen lícito de los recursos.
González también fue vinculada en enero al denominado caso Caja Chica, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. La hipótesis fiscal incluye supuestos recursos procedentes de Venezuela para financiar la campaña electoral de 2023.
Hasta el momento, las acusaciones deben entenderse como señalamientos sujetos al procedimiento judicial y no como hechos demostrados mediante una sentencia condenatoria.
González rechaza las acusaciones y denuncia persecución política
La dirigente correísta ha negado las imputaciones y sostiene que las investigaciones responden a una estrategia para debilitar a la oposición.
Después de que las autoridades allanaran su domicilio en enero, González rechazó haber recibido fondos ilícitos para sus campañas y negó cualquier vínculo financiero con Venezuela o con organizaciones criminales.
La detención provocó una reacción inmediata del expresidente Rafael Correa, quien informó sobre el arresto a través de la red social X y expresó su rechazo.
Por su parte, Revolución Ciudadana calificó la detención de arbitraria e inconstitucional. En un comunicado, el partido denunció una supuesta utilización del sistema penal para perseguir a sus dirigentes y afirmó que, inicialmente, no se había informado con claridad dónde se encontraba González ni se había facilitado el acceso de su defensa.
Estas declaraciones representan la posición de la organización política. La legalidad de la detención y las responsabilidades penales deberán determinarse conforme a los procedimientos judiciales correspondientes.
El correísmo queda fuera de las próximas elecciones
El arresto se produce después de que el Tribunal Contencioso Electoral suspendiera a Revolución Ciudadana a petición de la Fiscalía, una decisión que impide al movimiento participar en los comicios previstos para finales de noviembre.
El correísmo ha denunciado que la medida busca excluirlo de la competencia electoral y ha responsabilizado políticamente al Gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, esa interpretación constituye una acusación de la oposición y debe distinguirse de los fundamentos jurídicos que las autoridades sostienen en las investigaciones.
González tampoco consiguió inscribir su candidatura para la Prefectura de Manabí, cargo al que pretendía aspirar con el respaldo de Pachakutik, movimiento político vinculado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, condenó la detención y afirmó que los adversarios políticos no deben ser tratados como enemigos. También llamó la atención sobre otros problemas que enfrenta Ecuador, entre ellos la crisis energética, la desnutrición, el desempleo y la inseguridad.
El expresidente boliviano Evo Morales, aliado político del correísmo, expresó igualmente su solidaridad con González y cuestionó lo que considera una persecución contra dirigentes de izquierda en la región.
Una investigación con repercusiones políticas
El caso coloca nuevamente bajo presión a Revolución Ciudadana, una de las principales fuerzas de oposición ecuatorianas, y abre interrogantes sobre las consecuencias políticas y judiciales de las investigaciones contra sus dirigentes.
Por un lado, la Fiscalía sostiene que debe esclarecer el origen de los recursos utilizados en las campañas y determinar si existieron delitos financieros. Por otro, González y su organización denuncian que las actuaciones judiciales forman parte de una persecución destinada a limitar su participación política.
La evolución del proceso dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía, de las decisiones de los tribunales y de las garantías que se otorguen a la defensa.
La detención de González, por tanto, no cierra el caso: abre una nueva etapa en una disputa en la que convergen investigaciones penales, confrontación política y cuestionamientos sobre la participación electoral en Ecuador.
Fuente: Agencia EFE, información reproducida por CNN en Español, 22 de octubre de 2026.
