Durante las últimas semanas, el país está enfrentando una crisis sanitaria global con la propagación del virus COVID-19. Inicialmente, fue un brote epidemiológico focalizado en la ciudad de Wuhan, China que comenzó a mostrar los potenciales efectos que podía tener en el marco de una economía global transnacionalizada.
China se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión y de los canales de abastecimiento de suministros. Tan pronto como febrero, cuando el brote aún estaba limitado a China, la OCDE preveía una reducción de 0.5% en el crecimiento económico global.
Los brotes epidemiológicos se expandieron luego a Corea del Sur, Italia, España y el resto de Europa. Unas semanas después inició la propagación en Canadá, Estados Unidos y América Latina. El distanciamiento físico es una de las principales medidas de prevención para reducir la incidencia del virus. La implementación de esta recomendación sanitaria se ha traducido en una virtual paralización de la actividad económica.
Ante esta situación, países con sistemas de protección social estructurados y relativamente financiados han activado estos mecanismos para paliar efectos en la dinámica económica de los ingresos de los hogares, a través de seguros de desempleo o subsidios parciales a los salarios. Sin embargo, los efectos de la pandemia en la economía global han implicado que se corten cadenas de producción y suministros globales. Las bolsas de valores han reportando caídas históricas y se está desatando un conflicto comercial por las cuotas de mercado del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia.
En El Salvador, como en América Latina, las medidas tomadas tienen un matiz particular. Las altas tasas de informalidad en la actividad económica y sistemas de seguridad social poco articulados, como parte de la desigualdad estructural de la región, genera que los efectos sean aún más sentidos por sectores excluidos de las dinámicas formales de la economía. Según la EHPM, son 1.9 millones de personas que trabajan en el sector informal, cuyos ingresos promedio son $224.82 mensuales. Es decir que cada día de paro de actividades, implica que dejan de percibir $7.49, lo que acumula un total del 40% de su ingreso desde que inició la cuarentena domiciliar obligatoria.
También muchas empresas han parado o están disminuyendo significativamente su actividad. Ese contexto puede generar incertidumbre sobre los pagos de planilla, además de cortar los canales internos de abastecimiento.
Este contexto tendrá impactos en la demanda agregada del país. En la entrega anterior, comentábamos sobre tasas negativas de inflación que suelen estar asociadas con la acumulación de inventarios en las empresas. Ya en febrero, El Salvador tenía una inflación del -0.4%, una señal que la economía estaba entrando en una etapa de ralentización. Esta semana el BCR dio a conocer estadísticas oficiales del cierre de 2019 y muestran un crecimiento de 2.38%, inferior al 2.5% de 2018.
Es importante advertir los dos momentos difíciles que deberá afrontar la economía salvadoreña en 2020 y 2021. De entrada, el impacto inmediato de la paralización económica que está limitando los ingresos de los hogares, particularmente los más vulnerables, y las estructuras productivas de las micro y pequeñas empresas que necesitan de los flujos diarios para lograr sostenibilidad.
Posteriormente, habrá que enfrentar el impacto de la recesión global que se avecina. En la última Gran Recesión mundial, las bolsas mundiales cayeron en el tercer trimestre de 2007 y el impacto en los indicadores locales comenzó a reflejare en noviembre de 2008. La caída de la demanda externa, el flujo de remesas y precio del dólar plantean un escenario difícil. El BCR proyecta una contracción alrededor del -2% y -4% del PIB para este año.
