Por Alonso Rosales
La gestión de los recursos destinados a las víctimas del devastador terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 se ha convertido en un nuevo foco de controversia política, judicial y social. Tres meses después de la tragedia, que dejó al menos 330 muertos y más de 30.000 viviendas destruidas, la fundación encabezada por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, enfrenta exigencias judiciales para explicar con precisión qué ocurrió con las millonarias donaciones privadas recibidas para atender la emergencia.
El pasado 5 de noviembre, un juez ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas presentar, en un plazo de 48 horas desde su notificación, un informe detallado sobre los aportes económicos recibidos, administrados, canalizados y distribuidos. La resolución responde a una acción judicial impulsada por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien cuestionó la falta de transparencia sobre el destino de los recursos.
«Ahora vamos a saber dónde está la plata», manifestó el legislador, en una declaración que refleja el creciente cuestionamiento político sobre la administración de los fondos humanitarios.
Millones recibidos y diferencias que exigen explicaciones
Uno de los principales puntos de controversia es la diferencia entre las cantidades anunciadas públicamente y los recursos que la fundación reconoce haber recibido.
Según información publicada por el medio independiente La Silla Vacía y recogida por France 24, la organización informó en octubre que había recibido más de 17 millones de dólares en aportaciones privadas, equivalentes a aproximadamente 54.589 millones de pesos colombianos. El 81 % de esos recursos habría procedido de la familia Gilinski.
Sin embargo, sectores de la oposición y medios colombianos sostienen que los anuncios públicos de donaciones realizados por el presidente De la Espriella superaban los 200 millones de dólares.
Esta diferencia no demuestra por sí misma que exista dinero desaparecido o apropiación irregular, pero plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto dinero fue realmente comprometido, cuánto ingresó a las cuentas de la fundación y cuánto ha sido efectivamente ejecutado en favor de los damnificados?
En una emergencia de semejante magnitud, no basta con anunciar aportaciones o presentar cifras globales. La transparencia exige identificar a los donantes, las cantidades recibidas, los gastos administrativos, los contratos, los proveedores y los beneficiarios finales.
Una ayuda humanitaria que todavía genera interrogantes
La fundación asegura que desarrolló una primera fase de asistencia bajo la campaña «Colombia, un solo corazón», mediante la cual distribuyó más de 5.652 toneladas de ayuda humanitaria en 80 municipios, con la participación de 1.250 voluntarios, 30 centros de acopio, más de 100 empresas y 24 compañías de transporte y logística.
También sostiene que 48.000 personas recibieron algún tipo de asistencia.
No obstante, el informe no especifica suficientemente qué cantidad de recursos económicos se destinó a cada municipio, qué tipo de ayuda recibió cada comunidad ni cuál fue el costo de las operaciones realizadas. Tampoco permite establecer con claridad cuánto dinero se ha invertido directamente en las regiones más golpeadas por el terremoto.
La segunda fase contempla la reconstrucción de tres centros educativos y tres establecimientos de salud en Cali, además de la construcción de 35 viviendas en Quibdó, departamento del Chocó, y Dosquebradas, en Risaralda.
El problema es que miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de la destrucción de sus viviendas y de la infraestructura comunitaria, mientras las promesas de reconstrucción todavía deben traducirse en resultados verificables.
La explicación de la primera dama y el debate sobre la responsabilidad pública
Ana Lucía Pineda ha defendido la gestión de su organización. En una entrevista con Telecaribe afirmó que los recursos económicos no se habían utilizado porque las ayudas humanitarias habían sido suficientes y que el dinero se reservaría para la etapa de reconstrucción.
Esta explicación abre otro debate: si existían recursos disponibles, ¿por qué no se presentó desde el principio un calendario público de inversión, con proyectos identificados, presupuestos, plazos y mecanismos independientes de supervisión?
La situación también tiene una dimensión institucional. Aunque las donaciones sean privadas, cuando se recaudan bajo el argumento de atender una catástrofe nacional y se administran en un contexto de cercanía con el poder presidencial, la obligación de rendir cuentas adquiere una importancia extraordinaria.
Además, según las informaciones publicadas, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue la única de las tres organizaciones autorizadas para recibir aportaciones procedentes del extranjero, lo que incrementa la necesidad de establecer mecanismos rigurosos de trazabilidad financiera.
Transparencia para recuperar la confianza
La controversia no debe convertirse en una condena anticipada contra la primera dama ni en una presunción automática de irregularidades. Corresponde a las autoridades determinar si existieron incumplimientos, responsabilidades administrativas o posibles delitos.
Pero tampoco puede utilizarse el carácter privado de las donaciones como argumento para evitar explicaciones cuando los recursos fueron solicitados para responder a una tragedia que afectó a cientos de miles de colombianos.
El terremoto destruyó hogares, escuelas, centros de salud y proyectos de vida. Para las familias que perdieron todo, cada donación representa una esperanza de reconstrucción y no simplemente una cifra dentro de un informe institucional.
La orden judicial puede convertirse en una oportunidad para despejar las dudas y demostrar que los recursos fueron administrados correctamente. Sin embargo, la verdadera rendición de cuentas no consistirá únicamente en publicar un documento: deberá demostrar, con facturas, contratos, registros bancarios, inventarios y comprobantes de entrega, dónde terminó cada aporte.
En una democracia, la solidaridad no puede quedar sometida a la opacidad. Y cuando se trata de dinero destinado a víctimas de una catástrofe, la transparencia no es una concesión política: es una obligación ética e institucional.
Fuentes: France 24, con información de AFP; La Silla Vacía; declaraciones de la primera dama Ana Lucía Pineda a Telecaribe; información sobre la acción judicial promovida por el senador Alejandro Ocampo.
