Los diputados que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordaron emitir un dictamen favorable, para sustituir a los miembros del sector privado que renunciaron a la Junta Directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica.
Semanas atrás, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), presentaron su renuncia a ser parte de la directiva ya que justificaron que el gobierno ha realizado varias inconsistencias en la creación de este sistema, que tiene como objetivo transferir $ 2 mil millones a programas de desarrollo productivo del país y de combate a esta enfermedad.
“Al comité se le atribuyen competencias cuya naturaleza es la dirección, administración y control o auditoria, las cuales no son compatibles con las competencias funcionales y la naturaleza de nuestras entidades fijadas por las finalidades que ellas deben legítimamente deben perseguir. Además, como organizaciones de la sociedad civil, carecemos de las facultades de control necesarias para cumplir tales funciones”, reza un extracto de la misiva entregada a la Asamblea Legislativa por parte de las organizaciones.
De igual manera indicaron, que hubo una modificación en el mencionado decreto que los deja "sin razón de ser, pues le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso".
Ante la renuncia, los parlamentarios consideraron oportuno que el Comité quede integrado por un representante del Colegio Médico de El Salvador, otro de la Asociación de Epidemiología de El Salvador, del Instituto Superior de la Empresa y Finanzas (ISEFI) y de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), así como de la Universidad Francisco Gavidia.
Para este efecto, se reformaría el Decreto Legislativo n° 608, emitido el 26 de marzo de 2020, mediante el cual se autorizó la colocación de títulos valores o adquisición de préstamos hasta por $2 mil millones, para atender la emergencia por la pandemia.
Ese decreto mandataba la creación de un comité encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades de dicho fondo, mismo que deberá proponer al Órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11 para su aprobación y presentación a la Asamblea Legislativa, para su respectivo aval.
