El Presidente Salvador Sánchez Cerén –junto a miembros de su gabinete– inauguró varios proyectos educativos, de salud, servicios básicos e infraestructura en El Mozote, al norte de Morazán, para beneficiar a comunidades de sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre perpetrada en 1981 por el Batallón Atlacatl.
En dicho lugar, Sánchez Cerén rindió un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado salvadoreño implementar medidas para reparar el daño provocado por la horrenda matanza.
Esta acción es positiva, pues muestra el compromiso del Ejecutivo con la reivindicación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y afirma su voluntad de cumplir las resoluciones de la justicia internacional.
El gobierno, sin embargo, tiene pendientes importantes en dicha materia, uno de éstos es tener todavía como héroes militares a los perpetradores de tan condenables crímenes. Es una vergüenza que el Presidente, comandante general de la Fuerza Armada, mantenga en ese estatus al mismísimo Domingo Monterrosa, autor material de la masacre de El Mozote.
Es una terrible contradicción ética y política que Sánchez Cerén honre a las víctimas de El Mozote, pero no tiene la coherencia y la decencia de quitarle el nombre del coronel Monterrosa al cuartel de San Miguel. El mandatario debería mandarlo al basurero de la historia, declarándolo como es: violador de derechos humanos, criminal de guerra y delincuente de lesa humanidad.
La dignificación de las víctimas y sus familiares es total, no parcial. Por eso también es necesario que los responsables intelectuales y materiales sean juzgados y condenados. En tal sentido, los ex militares actualmente procesados en los tribunales de Morazán no deben quedar impunes y tienen que pagar por sus crímenes cometidos.
El sistema judicial no debe fallarle a las víctimas de El Mozote. El general Guillermo García y demás ex militares involucrados la masacre deben terminar sus días en la cárcel.
También es necesario que el gobierno estadounidense –al menos– pida perdón por haber entrenado a los militares que cometieron la masacre y haber dado asistencia militar, financiera y logística a delincuentes castrenses.
Que así sea.