domingo, 16 de enero del 2022

Dictamen favorable para nueva Ley General de Recursos Hídricos

Sectores ambientalistas aseguran que hay una "privatización disfrazada” en la nueva ley de aguas.

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La Comisión adhoc para el estudio de la ley de recursos hídricos de la Asamblea legislativa emitió dictamen favorable para la creación de la nueva “Ley General de Recursos Hídricos de El Salvador”.

La normativa será el cuerpo base para regular el manejo del agua en El Salvador, su preservación, cuido, protección, y administración. En la referida ley se consignó que el agua y el saneamiento serán derechos humanos, y el Estado salvadoreño tendrá la obligatoriedad de cumplirlos.

Entre los aspectos que destacan de la ley están que el agua no podrá ser privatizada por ningún motivo, y será el Estado salvadoreño el único que tomará decisiones al respecto.

Además, el ente rector será la Autoridad Salvadoreña del Agua, y el facultado para dictaminar las políticas necesarias en lo referido al manejo del agua en El Salvador.

Las juntas administradoras de sistemas de agua potable quedan reconocidas con personería jurídica donde el Estado no puede dar cobertura. Los permisos para la explotación serán autorizados por 15 años, con la posibilidad de ser prorrogables previo estudio avalado por la ASA.

El uso doméstico no requerira de autorización por la ASA y quedará exento del pago de cánones por su aprovechamiento, según se definió en el ordenamiento.

Un total de 9 títulos y 179 artículos conforman el nuevo instrumento legal que regula el uso del agua en El Salvador, mismos que fueron construidos y elaborados con aportes de instituciones públicas, empresas privadas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, e iglesias de diferentes denominaciones.

El dictamen será enviado al pleno y podría ser aprobado en la última sesión del 2021, que se desarrollará mañana.

En la sesión fue evidente la vuelta atrás del diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, en algunos artículos que ya habían sido acordados.

El más notable fue en el tema de los permisos de uso y explotación del agua. En este punto y a raíz de las observaciones que recibieron de los ambientalistas, los parlamentarios de Bukele habían reducido a 5 años renovables los permisos de explotación del recurso hídrico, pero posteriormente Guevara argumentó que se quedarían siempre para 15 años como había sido propuesto en el proyecto enviado por Bukele a la Asamblea.

Los diputados oficialistas argumentaron que la decisión para revertir esa autorización es porque las empresas no tendrían certeza jurídica sobre los permisos.

El Art. 61 del borrador de la Ley de Recursos Hídricos fue el más polémico. Según Guevara es normal dar un plazo amplio para dar certeza jurídica a los empresarios, sin embargo, los sectores ambientalistas cuestionaron que con esa autorización el recurso hídrico se acabará en poco tiempo y es una manera “disfrazada” de privatizar el recurso hídrico.

La diputada Dina Argueta, del FMLN, criticó que los diputados del oficialismo y sus aliados se quitaron la careta y demostraron para quién en realidad estarían legislando. Ayer no fue la excepción.

La diputada efemelenista les hizo ver que si no hubiera sido por las observaciones que les envió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hubieran violentado más derechos humanos en la ley.

Los ambientalistas como Rodolfo Calles, representante del Foro Nacional de Salud que forma parte de la Alianza contra la Privatización del Agua, externaron que autorizar los permisos para 15 años es realizar una “privatización disfrazada”, pese a que los diputados de Bukele alegan que la normativa no contiene ningún atisbo de eso.

“Hubo un cambio cuando no estuvo la diputada presidenta, hubo un cambio donde se hizo un incremento en cuanto al tema de los permisos, pasaron de 5 años a 15 años, creo que todo eso puede afectar a la población en general”, afirmó el diputado Mauricio Linares, de ARENA.

Pero Guevara justificó que no se trata de privatizar el agua. “Sin agua no hay vida. Le estamos dando a los salvadoreños la accesibilidad al recurso hídrico. Además, queremos aclarar que el agua no será privatizada bajo ninguna circunstancia”, manifestó.

Los diputados agregaron las observaciones recibidas de la ONU y de las Juntas de Agua, Sistemas Rurales de Abastecimiento de Agua Potable, Asociaciones de Desarrollo Comunal de varios municipios de Sonsonate y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate.

El dictamen pasará al pleno este martes para ser aprobado. Se requiere de 43 votos.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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