Organizaciones sociales destacaron la importancia de mantener vivos los alcances que se ha tenido en el país respecto a la memoria histórica, para evitar retrocesos y que se vuelva a repetir los conflictos del pasado.
Una de las instituciones que hace llamado a esto es la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que expone que es necesario apropiarse de estos esfuerzos para evitar la impunidad y volver ultrajar a las víctimas.
Por lo tanto, expresaron su satisfacción que empiece a darse luces de en favor del caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas de 1989, esto luego que la Audiencia Nacional Española hiciera pública la sentencia contra el militar salvadoreño, Inocente Montano.
Recalcaron que este suceso es importante, porque sienta un precedente para el 21 de septiembre, ya que inician las inspecciones judiciales en archivos militares históricos relacionados en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
“Son las víctimas, su dignidad y derechos, quienes nos marcan el rumbo para tomar consciencia y promover la memoria histórica”, cita un extracto del comunicado emitido por las organizaciones.
Por otra parte, reclamaron que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, no ha habido un esfuerzo serio por el rescate de la memoria histórica, por su resguardo, a no ser por parte de las organizaciones de víctimas, o las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.
El Mozote después de la masacre
“Oficialmente no hay más que una página en el libro escolar de Ciencias Sociales donde hacen un relato insignificante sobre el conflicto armado vivido; en ese relato no hay víctimas ni victimarios, parecería que el ánimo ha sido la trivialización -aunque bien se podría hablar de negación, ocultamiento y hasta tergiversación- de un acontecimiento que marcó la vida del pueblo salvadoreño”, reprocharon.
Prosiguieron que durante 20 años luego de la firma de la paz, no hubo mención relevante a los acontecimientos del conflicto armado, de sus víctimas y los victimarios, a no ser por los casos presentados a la Fiscalía General de la República por organismos de derechos humanos. Estos casos no han tenido resultado alguno, por la necedad del sistema de justicia nacional que sostenía que eran casos prescritos, sin reconocer que hubo una retranca permanente a la posibilidad de justicia que se llamó Ley de amnistía general para la consolidación de la paz , pese a que son casos imprescriptibles en razón de ser delitos de lesa humanidad; o las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas, acompañados por organizaciones de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que luego con informe de fondo pasaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la que en varios casos dictó sentencias condenatorias para el Estado de El Salvador; sin embargo, su cumplimiento fue y sigue siendo trivializado.
No obstante manifestaron, que sin realizar un balance pormenorizado de la temática en cuestión, se debe reconocer que a partir de la gestión del gobierno 2009-2014, hubo ya un reconocimiento explícito a las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado y en los años previos al mismo; hubo pedidos de perdón a nombre del Estado de El Salvador, que pudieron ser mejor realizados en términos de más participación de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, de promoción de la verdad, justicia y reparación; se dio cumplimiento parcial de las sentencias de la CoIDH y se empezaron a construir algunos significativos mecanismos de reparación a las víctimas; luego en la gestión 2014-2019 hubo otros avances significativos en esta materia: por ejemplo, ayuda económica y de salud para las víctimas, continuación del censo de víctimas, algunos incipientes niveles de interlocución con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. También se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA).
Finalmente, destacaron los siguientes logros que en materia de memoria histórica tiene el pueblo salvadoreño:
1. La elaboración del proyecto del Memorial de Monseñor Romero en el espacio donde estuvo el cine Libertad, en el centro histórico de San Salvador; aunque la propuesta que la CIDH transmitió al Estado es la construcción de una plaza donde se conmemore el martirio de Monseñor Romero. La propuesta arquitectónica quedó concluida y en el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó un monto que asciende a $ 1,174,321.70 para este fin.
2. Cambio de nombre de algunos centros educativos que tienen nombres de personas señaladas como violadores de derechos humanos en el contexto del conflicto armado; conforme al Reglamento para la nominación de centros educativos, D.E. No. 10. De 15-01-13. Ha quedado pendiente el cambio del nombre a otros centros escolares.
3. Remodelación del Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán, San Salvador.
4. Remodelación del Monumento a Monseñor Romero ubicado frente a El Salvador del Mundo, en San Salvador.
5. La necesaria desclasificación de los documentos que han servido de base para la elaboración de informes a presentar por el Estado de El Salvador a la CIDH y CoIDH, cuando ya tengan sentencia.
6.La búsqueda de acceso a archivos militares. El Estado de El Salvador se comprometió con la CIDH, en audiencia del 14 de febrero del 2019, a crear una Comisión de búsqueda de archivos militares; quedó aprobado un decreto Ejecutivo.
7. Fue hasta la gestión anterior cuando se identificó que, en la sede de la ex casa presidencial en San Jacinto, se encontraban resguardados bajo la responsabilidad de la dirección de recursos humanos de CAPRES, los documentos de la extinta Comisión de Derechos Humanos Gubernamental (CDHG), creada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 121, de 27 de agosto de 1982, durante la administración presidencial del Dr. Álvaro Magaña. Quedó en curso el resguardo, clasificación y entrega al archivo general de la nación de dichos documentos.
Además, quedaron definidos los pasos a seguir y el tratamiento a dar a los documentos encontrados.
8. Aprobación de la guía técnica para el pago de indemnizaciones de víctimas ejecutadas y/o fallecidas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños. En el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó ya construida una propuesta que va a permitir superar la exigencia a los familiares de las víctimas, de seguir diligencias de aceptación de herencia, ante una realidad en la cual, la indemnización a pagar no tiene nada que ver con relaciones sucesorales.
9. El seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso de El Mozote y lugares aledaños, cuyas medidas de reparación quedaron definidas y en curso de cumplimiento, en cuanto a indemnizaciones y medidas infraestructurales en las comunidades.
