Rodolfo Delgado, defensor del director de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró que han pedido al Juzgado 5º de Paz de San Salvador que no se le impongan medidas cautelares a su cliente, si pasa a instrucción el caso por el presunto delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública.
Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, enfrenta este proceso judicial por no acatar la orden de apremio que giraron los diputados de la comisión que investiga el uso de los fondos de la pandemia del Covid-19 de la Asamblea Legislativa contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el ministro de Salud, Francisco Alabí.
Además, no evitó que trabajadores de ASTRAM bloquearan la entrada a camiones recolectores de basura en la planta de tratamiento de basura de MIDES, debido a un presunto conflicto económico de la comuna con sus empleados.
Por este proceso judicial, el juez de instrucción sentará postura hasta el miércoles a las 2 de la tarde.
Delgado señaló que en la audiencia la Fiscalía no fue objetiva en la exposición de los hechos y que omitió muchas diligencias de investigación, presentando una relación de los hechos que no era clara, ni concreta.
“Nosotros como defensa mantenemos que la exposición de los hechos que la FGR realizó no fue objetiva. Se omitieron muchas diligencias de investigación. Presentaron una relación de los hechos que no es clara”, explicó Delgado.
Agregó, que el Ministerio Público trató de corregir muchos de los errores que había presentado en su petición de antejuicio y solicitud de desafuero.
Por otra parte, sostuvo que han solicitado un sobreseimiento definitivo a favor del director policial o si en caso contrario, la diligencia llega a la fase de instrucción, que no se apliquen medidas cautelares.
Según el artículo 321 del Código Penal, el delito de incumplimiento de deberes tiene una sentencia de 4 a 6 años de cárcel y también implica inhabilitación de funciones.
El director de la corporación policial dijo confiar en el sistema judicial y expresó que se trata una acción que se ha promovido en su contra.
Asimismo, sostuvo que ha afirmado ser una persona que cree en el sistema de justicia y que no ha cometido actos ilegales.
Por lo cual, ha pedido un juicio objetivo y transparente, y no a base de “las infamias” que la Asamblea Legislativa ha generado para supuestamente desacreditarlo.
Mauricio Arriaza Chicas, se convierte en el primer funcionario de alto nivel que enfrenta un proceso en la administración del presidente de la República, Nayib Bukele.
