La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente el amparo presentado por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, con el cual bloqueó en dos ocasiones las inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y sitios aledaños, registrado en diciembre de 1981.
Semanas atrás, Merino Monroy presentó un amparo en contra del procedimiento encabezado por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, donde alegaba que no les permitió el acceso porque se estaba poniendo en riesgo planes militares secretos.
Ante esto, la Sala sostuvo que el referido proceso está encaminado en contra de las personas que –de conformidad a las diligencias de investigación– resulten ser las presuntas responsables de haber cometido los hechos delictivos en el contexto de esa masacre, por lo que ese proceso en sería tramitado contra personas naturales ya determinadas y no contra la institución que el Ministro representa; es decir, la Fuerza Armada.
Los magistrados agregaron, que la inspección ordenada sobre ciertos archivos de la Fuerza Armada no tiene por finalidad la investigación de los “… planes militares secretos…”, los cuales en el caso concreto no están sujetos a la verificación señalada, sino que la misma ha sido decretada como parte de la investigación de un proceso penal para deducir las responsabilidades de los integrantes de la Fuerza Armada que en aquel momento histórico participaron en la denominada “Masacre de El Mozote y lugares aledaños”.
Por lo tanto, el Órgano Judicial ha ordenado que la investigación es de obligación del Estado Salvadoreño, por lo tanto se han mencionado un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según correspondiera, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en esa sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de esa masacre.
En este sentido, la Sala no “observa que la actuación impugnada cause un agravio en la esfera jurídica de la Fuerza Armada, pues, pese a que se alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección constituyen información de planes militares secretos, se debe tener en cuenta que en el referido proceso penal se están investigando hechos sucedidos en 1981 en la relacionada masacre, y por lo tanto serán documentos de esa época los que se examinarán por el juez, por lo que dicho argumento no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad de los hechos acontecidos en esa época”.
Esta resolución surge luego que el 21 de septiembre, cuando Guzmán y un equipo multidisciplinario fue obstaculizado en sus labores de inspección en el Estado Mayor de la Fuerza Armada.
En esa ocasión, el general Carlos Vanegas, salió a explicar el proceso que había hecho su superior y que no podía firmar los documentos que le entregaba el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera.
Cinco días después, apareció el presidente de la República, Nayib Bukele, dándole la razón a su jefe militar e hizo públicas cinco carpetas de cartón, señalando que solo ese material había encontrado en el Estado Mayor.
“El problema no son los archivos… Porque ellos (El juez, Jorge Guzmán y PDDH) gobernaron 10 años y digo ellos, porque ambos responden al FMLN y saben lo que hay ahí en el Estado Mayor Conjunto; saben que los archivos de El Mozote no están ahí. Lo que quieren es entrar con conocimiento y ver lo que hay ahí y decir abran esa puerta, probablemente para ver que hay en el Comando de Operaciones y enterarse de alguna operación militar de la semana pasada”, afirmó Bukele en esa ocasión .
Además, confirmó que fue él quien descalificó los archivos al considerarlos que ya no eran estratégicos, por lo tanto, ordenó que se sacaran de donde estaban, se revisaran para posteriormente empaquetarlos y entregarlos a las instancias correspondientes.
Sin embargo, esta acción podría haber sido violatoria de lo dictado por el juez de Gotera, ya que en su sentencia dictó “medida cautelar preventiva que obliga a aquellos funcionarios que tienen bajo su custodia los archivos elegidos para la inspección, evitar que se desplace, sustraiga y oculte cualquier documento de esos archivos”.
Asimismo, dijo que quedaban abiertos a colaborar con el resto de procedimientos para esclarecer la masacre.
Sin embargo, los defensores de los derechos humanos fueron nuevamente, este lunes, víctimas de otro bloqueo, ya que los militares aseguraron que en la Fuerza Área no había ese tipo documentación.
Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó porque no permitieron el paso nuevamente pese a que la supuesta iniciativa del gobierno está en apoyar la resolución de este caso.
"Un juez no puede dar en abstracto una orden en temas que son de seguridad nacional", aseguro el vicepresidente de la República.
Esta postura no es compartida por el querellante, David Morales, quien aseguró que no hay ninguna facultad legal bloquear el procedimiento que lo único que busca es esclarecer este problema.
Por lo tanto, Morales aseguró que el gobierno está incurriendo nuevamente en los delitos de desobediencia, actos arbitrarios, incumplimientos de deberes e encubrimiento, lo que tendrá que ser interpuesta una denuncia en contra del comándate general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele y contra el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
“Con esto el Gobierno y la Fuerza Armada continúa en la posición de proteger criminales de Guerra, de afectar las investigaciones y seguir protegiendo a los responsables de la peor masacre en América Latina en su historia reciente. Es lamentable que sin ninguna facultad legal el gobierno haga esto y coloque en la cuneta de la historia a las víctimas de El Mozote y que están luchando para que se escuche la verdad”, reprochó Morales.
En este sentido, dijo que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe ante este hecho y no sea pasiva.
