Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinaron no acatar una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y consideran que dicha obligación responde a influencias políticas de miembros de la entidad que buscan acosar al máximo tribunal del país.
El IAIP solicitó a los magistrados revelar la base legal de las respuestas del examen de notariado administrativo en 2013. Sin embargo, la Sala admitió el pasado 20 de marzo un amparo contra dicha resolución tras denegar información a una petición ciudadana.
ContraPunto tuvo acceso a la transcripción de una sesión de Corte Plena sin fecha definida en la que se discutió el amparo admitido. El magistrado de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez expresa que la resolución de la IAIP busca “conminar al Órgano Judicial y a la Sala a que brinde información que por medio de esa misma ley no está obligado a brindar”.
“No digo que es el IAIP, digo que hay influencias políticas en algunos de los miembros del IAIP que se está prestando para intereses ajenos a su mandato y va dirigido fundamentalmente contra magistrado de la Sala de lo Constitucional, así es que aquí no nos queda más que prepararnos para esa batalla judicial, prepararnos para interponer recursos y hacer esa batalla en el campo de la legalidad”, expuso Meléndez a los otros 14 magistrados de Corte Plena.
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El mismo magistrado añade que como CSJ no hay ley que les obligue a entregar esa información. La Corte en Pleno además discutió la inexistencia de esa información y restó importancia al uso de la misma, afirmando que no se trata de información de interés colectivo sino de uso particular.
Belarmino Jaime, otro magistrado de la Sala de lo Constitucional, expresó que “por ahí hay un par de abogados que están interesados en todo eso para vender después para los próximos exámenes que vienen de notariado”.
Por su parte Jaime Campos, comisionado del IAIP, asegura que esa información sí es de carácter público y califica de “fuera de lugar” que se diga que una resolución del IAIP los instiga a cometer ilícitos o fraudes.
“Nos preocupa que la CSJ, como un ente obligado más a la LAIP, pretenda descalificar las solicitudes de información de los ciudadanos, y con base a ello, deniegue el acceso a la información pública. Más aún es reprochable que se afirme que el IAIP es parte de una "estrategia de acoso" contra la CSJ y particularmente, contra la Sala de lo Constitucional”, señala Campos.
El magistrado Meléndez continúa enfatizando en que se trata de una estrategia de acoso a la CSJ ya la Sala y que las multas van a comenzar a llegar.
“Tengan la seguridad, andan tras las sanciones a la Corte Suprema y a la Sala, entonces hay que prepararse con recursos de nuestra propias herramientas del ordenamiento jurídico para defendernos”, afirma.
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