“Los diputados están violando el derecho de comunicación de las personas”, expresaron analistas jurídicos al referirse sobre las nuevas reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa de recortar la señal Wifi en los alrededores de los centros penales bajo régimen de emergencia antidelincuencial.
El abogado y analista, Carlos Nasser expresó que con lo aprobado, “se ha restringido la libertad de las personas al derecho de comunicarse, cualquier ciudadano tiene este derecho. Hay gente que necesita comunicarse con ambulancias u otros servicios y ahora les será imposible, las leyes no resolverán nada el problema es interno en centros penales”.
El pasado 8 de septiembre los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 50 votos una serie de prohibiciones y sanciones para aquellas personas naturales y jurídicas que permitan o faciliten el uso de señal Wifi, en un rango de 100 metros a la redonda de seis cárceles que albergan pandilleros en el país.
La Asamblea estableció que la persona que no acate la medida, será sancionada con multas desde uno a 20 salarios mínimo del sector comercio. Si es la empresa operadora la que incumple, ésta será multada, de acuerdo al artículo 14 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, hasta con tres mil salarios mínimos mensuales.
La nueva disposición nace como parte de las medidas anticriminales con el fin de cortar de forma permanente la comunicación que mantienen cabecillas presos con pandilleros en libertad para comandar delitos como homicidios y extorsiones.
Por su parte el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y actual analista, Ulises del Dios Guzmán secundó lo planteado por Nasser argumentando que dicha disposición violentará derechos humanos fundamentales y son el reflejo de que no existe control en los mismos.
“Esto es una confesión de incapacidad de controlar la introducción de aparatos de telecomunicaciones a los centros penales. (“¦) es ignorante suponer que una ley de esas va a controlar que no se cometan extorsiones”, dijo Guzmán.
El exmagistrado señaló que, aunque se controle exhaustivamente el uso de la señal, los delitos seguirán ejecutándose, los delitos se van a atomizar y van a ser peor porque las unidades territoriales (de pandillas) no van a dejar de ejecutarlos y va a ser peor. Esa ley es un enfoque equivocado y mejor deberían reconocer la incapacidad”.
Las medidas de emergencia fueron implementadas a partir del pasado 29 de marzo debido a la ola de asesinatos que ha inundado al país. Dichas medidas han permitido que los homicidios se reduzcan en un 50 % en comparación a los reportados en 2015.
