La comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avaló, este miércoles, una solicitud firmada por 30 congresistas entre democratas y republicanos, que condenaron los ataques al Estado de Derecho y llamando a que se restablezca la democracia en El Salvador.
Entre los legisladores que firman la resolución, hay personajes importantes del bando demócrata y del republicano, quienes ocupan posiciones de liderazgo en comités como el de relaciones exteriores o el de apropiaciones, que supervisa el dinero que eroga EE. UU. y sostiene conversaciones importantes con entidades financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.
La misiva precisa el descontento a la destitución de los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el nombramiento de nuevos funcionarios de parte de la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de mayo.
En su resolución 408, con fecha del 17 de mayo de 2021, los legisladores plasmaron que el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial son “de interés nacional” para los Estados Unidos, porque contribuyen directamente a reducir la migración irregular, combatir el narcotráfico y proteger los derechos humanos.
El texto de la resolución también exhorta al gobierno a respetar la separación de poderes prevista en la Constitución y a garantizar la independencia del Procurador de Derechos Humanos, los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y del Tribunal Supremo Electoral.
Este documento ─firmado por representantes de los partidos Demócrata y Republicano─ será remitido a la Cámara de Representantes del Congreso Estadounidense, donde será sometido a la votación del pleno, compuesto por 435 congresistas.
La resolución, que consta de 20 puntos, también pide al gobierno salvadoreño a garantizar la libertad de prensa y se abstenga de intimidar y acosar a periodistas y a medios de comunicación.
De igual forma le exhorta a procurar por la libre expresión, asociación y reunión de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y activistas anticorrupción.
El punto 11 de la resolución bipartidista señala la preocupación por una ley que libra de responsabilidades a funcionarios vinculados a actos de corrupción durante la emergencia por la pandemia de covid-19.
La Asamblea Legislativa aprobó dicha ley el pasado 4 de mayo, en su segunda sesión plenaria y sin que fuera discutida en la comisión legislativa correspondiente, aduciendo que agilizaría la adquisición de equipo médico y medicamentos pero estableciendo la inmunidad de los funcionarios. La ley fue conocida como “Ley Alabí”.
El congreso estadounidense también llamó al gobierno de El Salvador a dejar de afectar la libertad de prensa. En numerosas ocasiones, observadores locales, pero además numerosos miembros del Legislativo estadounidense señalaron que el gobierno de Bukele y sus aliados han hecho esfuerzos para silenciar a la prensa crítica y no rendir cuentas.
Los legisladores también llaman a cooperar con la CICIES, la gran promesa del gobierno de Nayib Bukele que ha sido relegada una vez que empezó a dar resultados. En abril, el jefe de la comisión anunció que esta instancia remitió al menos 12 casos de presunta corrupción en 5 instituciones de gobierno.
En la segunda plenaria de la actual legislatura con amplia mayoría oficialista, se aprobó una ley que otorgaba una amnistía de manera retroactiva a posibles ilícitos cometidos en la atención a la pandemia del COVID-19.
Esta ley llega en momentos en que varios funcionarios del ejecutivo están bajo investigación por posible corrupción o compras ilícitas durante la atención a esta enfermedad. Al respecto, los legisladores estadounidenses manifestaron su “profunda preocupación por la aprobación de una ley que podría proveer inmunidad a oficiales de gobierno actual es involucrados en actos criminales o corruptos”.
En ese sentido, también manifestaron su preocupación porque el nuevo fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, no garantiza que se aplique objetivamente la ley, especialmente “dado sus comentarios recientes sugiriendo que podría cerrar investigaciones sobre presunta corrupción en la administración Bukele“.
El pronunciamiento busca además que se fortalezca el acceso a la información pública y se garantice la transparencia en El Salvador. En contraste, el gobierno ha limitado el acceso a conocer cómo se administran los recursos públicos y ha protagonizado una sistemática toma del Instituto de Acceso a la Información Pública que limita las acciones de esta institución en lo relativo a datos que el Ejecutivo no ha revelado.
Para garantizar avances en estos puntos, detener la debacle democrática en el país y respetar el balance de poderes y la profesionalización de los cuerpos de seguridad, los congresistas “llaman al gobierno de Estados subidos a nombrar y un embajador en El Salvador lo más pronto posible”.
Esta no es la primera vez que desde el Congreso de los Estados Unidos se pronuncian en contra de los abusos de poder de Nayib Bukele y que condenan el golpe a la institucionalidad. Sin embargo, no se había producido una iniciativa patrocinada por tantos congresistas y de ambos partidos.
