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martes, 07 de diciembre del 2021

Concluye fase consultiva por ley de reconciliación nacional

La Adesco del cantón San Francisco Echeverría, del municipio de Tejutepeque y representantes de las víctimas del municipio de Cinquera (Cabañas), así como sobrevivientes de la masacre realizada por el Ejército en la comunidad El Mozote, departamento de Morazán, participaron y dieron sus testimonios.

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Cuando falta un poco más de dos semanas para que concluya el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el jueves finalizó el proceso consultivo que consistió en escuchar los testimonios de las víctimas del conflicto armado (1980-1992).

En el 2016, el tribunal constitucional declaró violatoria de la Carta Magna la Ley General de Amnistía de 1993 y sentenció que los parlamentarios tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.

El 13 de julio del año pasado tenía que estar aprobada la normativa, pero los legisladores pidieron un plazo. La Sala les concedió 120 días, por lo que la fecha límite se estableció el 13 de noviembre, Tampoco cumplieron con el mandato y volvieron a caer en desacato. Los políticos solicitaron otra prórroga que vence el 28 de este mes.

Con la finalización de los testimonios de las víctimas, se entra a otra etapa y es la de preparar el anteproyecto, que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, estima lo tendrán listo el 17 de febrero.

Ha quedado claro que, aquellas personas que estén implicadas en crímenes de guerra y de lesa humanidad serán sancionados penalmente a través de los tribunales comunes. La Fiscalía General de la República (FGR), tiene en sus manos la difícil tarea de recibir las denuncias y comenzar las investigaciones para presentar los requerimientos en los juzgados.

Se desconoce por el momento, cuántos años se establecerán como mínimo en el proyecto de ley, aunque extraoficialmente se conoció que las penas serían de 5 años en adelante. Las sanciones deberán estar bajo los estándares de la justicia transicional que respete los derechos humanos.

Los parlamentarios de la Comisión Política recalcaron su disposición de trabajar en un cuerpo normativo de justicia para las víctimas.

El diputado Ponce expresó que “la democracia se construye. No es fácil estar en esta mesa y ver llorar a una víctima al contar sus testimonios”.

Externó los agradecimientos a todos los que participaron y agregó que se iniciará a estructurar un texto con los insumos obtenidos, los cuales permitirán confeccionar un documento final.

También anunció que ya se reunió con el presidente Nayib Bukele para abordar el tema de la reparación. “En materia presupuestaria debemos hablar los dos órganos del Estado”.

El diputado Mario Marroquín, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), opinó que “No debemos politizar el tema y poner condiciones, las familias salvadoreñas merecen respeto. Haremos todo el esfuerzo en que exista verdad, reparación y justicia. Legislaremos para las víctimas con el propósito que esto – conflicto armado- jamás se repita”.

Leonardo Bonilla, legislador No Partidario, manifestó que no se busca reabrir heridas porque a su juicio nunca se cerraron. Hay una orden de la Sala de lo Constitucional que se debe cumplir. “Este proceso va en función de las víctimas no de un bando u otro; estamos del lado de la reconciliación nacional. Dejemos la guerra en el pasado”.

Mientras que Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), señaló que “lo importante de estos foros es que nos permitirán crear una ley que nos una a todos; ya hay sesgos que está ley no va a servir. No hay que ser pesimistas, todos debemos aportar. Debemos ponerle fe a la voluntad de los legisladores, técnicos y testimonios”.

Damián Alegría, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acotó que fue conmovedor cada testimonio, “agradecemos el esfuerzo que hacen de venir hasta acá. Insistimos que la base de la discusión sea la propuesta de organizaciones de víctimas. Queremos paz, sobre todo para las futuras generaciones. Nadie quiere otra guerra”.

El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, participó como observador en las siete jornadas y entregó un CD con insumos y reflexiones para delimitar el marco constitucional e internacional que debe respetarse en la redacción de una nueva legislación sobre justicia transicional.


Extracto del testimonio de víctimas de la masacre de El Mozote


José Cruz Vigil, sobreviviente de la masacre El Mozote, solicita que la ley a crear permita investigar la cadena de mando que ordenó esta masacre y lugares aledaños; además, se otorgue el tiempo para socializar la propuesta de ley final y cuente con la observancia de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

José Díaz, víctima y sobreviviente de la masacre de El Mozote, pide una ley que procure la justicia para las víctimas civiles del conflicto armado, así como la reparación a los daños causados.

María Dorila Márquez, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, expresa: "Es un privilegio poder hablar en este foro y es por eso que exigimos, después de 38 años de esta masacre, que haya justicia, verdad y reparación de las víctimas".

Francisco Echeverría, del municipio de Tejutepeque, Cabañas, plantea la necesidad que a las víctimas del conflicto armado se les repare de manera psicológica y se creen hospitales que atiendan sus daños emocionales.


El pecenista y presidente del Palacio Legislativo, Mario Ponce, indicó que es importante escuchar los testimonios de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote, aunque el caso está judicializado, eso no significa que la ley no los abarcará.

“Las víctimas no pueden estar invisibilizadas, no podemos obviar nada de lo que dicta la Sala, no nos podemos salir de sus parámetros. Lo que busca la Sala es que se trabaje de forma integral. Penas y reparación serán los capítulos claves”.

La masacre de El Mozote fue cometida por el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada el 11 de diciembre de 1981. El número de personas asesinadas se estima en 1,200, entre hombres, mujeres y niños. Es considera como una de las mayores matanzas del siglo XX en Latinoamérica.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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