Miembros de las organizaciones “Salvemos Valle El Ángel” exigieron, este viernes, a la Sala de lo Constitucional que le den pronta admisión a la demanda de inconstitucionalidad que presentarón meses atrás en contra de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Sociedad Dueñas Hermanos Limitados, por la concesión de más de 17 millones de litros de agua diarios para el proyecto urbanístico “Valle El Ángel” a construirse en Apopa, San Salvador.
De acuerdo a las organizaciones que protegen a los afectados, en febrero de 2016, Marcos Fortín, en su calidad de presidente de ANDA firmó un Convenio de Cooperación entre la autónoma y la sociedad Dueñas para la perforación de ocho pozos profundos y el desarrollo de obras complementarias para el Proyecto Ciudad Valle El Ángel, en Apopa, mediante el cual se compromete a otorgar 200 litros de agua por segundo del acuífero de San Juan Opico.
Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que: “El convenio básicamente le entrega a la empresa desarrolladora la factibilidad para la perforación de pozos, extracción de agua y posterior distribución en las residenciales urbanísticas que van a construirse, viéndose amenazados derechos constitucionales como el derecho al agua (…) a todas luces manifiesta una de las formas de privatización del agua la cual en nuestro país todavía no es una figura existente y esperamos que esta figura no se repita”.
Agregó, que la nueva administración de ANDA le renovó el permiso a la empresa constructora para este proyecto.
“Deciden renovar el permiso de extracción de agua y posteriormente de distribución, pero ya no lo hacen por una cantidad de 200 litros de agua por segundo, sino que deciden otorgarle un caudal de agua de 240 litros por segundo mientras para las comunidades aledañas un caudal 160 litros por segundo. Al analizar se muestra una clara ejecución de una concesión a una empresa privada y eso lo puede hacer la Asamblea Legislativa, por lo que la autónoma excedió lo que le otorga la ley”, expresó.
Anteriormente, representantes de la Vicaria Padre Rutilio Grande, conformada por diferentes parroquias del área metropolitana de San Salvador, presentaron este miércoles 3 mil 600 cartas solicitando detener la construcción de una residencial de lujo.
En esa ocasión, el sacerdote, Roque Regalado, representante de la Vicaría, sostuvo que la oposición se debe a que el complejo habitacional es construido en un sector de recarga hídrica, lo que generará consecuencias negativas socioambientales.
"Consideramos que es un proyecto que traerá graves daños al ecosistema de nuestros municipios, así como el aumento del estrés hídrico que ya sufren nuestros pueblos, la contaminación de quebradas y ríos que abastecen a las comunidades aledañas y profundiza la contaminación de la microcuenca del Tomayate, también expone a las comunidades a inundaciones, deterioro del paisaje y aumento del tráfico en la zona", detalló Regalado.
En este sentido, expresó que se afectan 7 caseríos de personas pobres e indirectamente serían afectos los municipios de Nejapa, Apopa, parte de Ciudad Delgado, Quezaltepeque y parte norte de la zona metropolitana de San Salvador.
"El agua que se está garantizando para este centro urbanístico se está privatizando, en el sentido que a la familia Dueñas si se le garantiza agua para esa zona, pero a nuestra gente en Apopa, Nejapa y Apopa tiene crisis hídrica; debemos tener igual acceso al agua para todos", indicó.
