miércoles, 9 octubre 2024

CIDH solicita al gobierno generar ambientes de tolerancia de amenazas contra la prensa

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Esta postura, surge luego que han registrado diversos señalamientos contra periodistas por parte de altas autoridades, funcionarios y candidatos a ocupar cargos públicos en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la libertad de expresión pidieron al Gobierno Salvadoreño  evitar generar ambientes de tolerancia de amenazas contra la prensa.

Esta postura, surge luego que han registrado diversos señalamientos contra periodistas por parte de altas autoridades, funcionarios y candidatos a ocupar cargos públicos en El Salvador.

“Estaría suscitando situaciones de acoso a través de las redes sociales", publicó la CIDH en Twitter.

Además la institución instó a las autoridades y candidatos a funcionarios a "abstenerse de acudir a la estigmatización y desacreditación de periodistas y medios de comunicación".

“Las personas que ostentan cargos de poder están llamadas a mantener discursos favorables a la deliberación pública, especialmente en contextos electorales", añadió la institución.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villareal, también retomó las declaraciones en su cuenta oficial de Twitter.

Recientemente, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de 34 miembros del periódico digital El Faro, porque consideran se encuentran en riesgo de daños irreparables de sus derechos, a raíz de amenazas recibidas por sus labores periodísticas.

El 4 de febrero del año en curso, la Comisión dijo al Estado de El Salvador que debía adoptar medidas para que los periodistas puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión sin ser objeto de intimidación, amenazas y hostigamientos.

En el país, según estudios de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) las agresiones contra los periodistas aumentaron en un 62.3 % en 2020 respecto a los casos reportados en 2019, y 92.3 % respecto al año 2018. Según la APES, la mayoría de agresores son funcionarios y agentes de la PNC.

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