Por: Alessia Genoves
Avisos de investigación y denuncias penales recibe la empresa Chivo S.A de C.V, tras ser acusada del uso no autorizada del Documento Único de Identidad (DUI) de al menos 131 personas, en su aplicación Chivo Wallet. Es la segunda ocasión que la Asociación Cristosal lo anuncia públicamente, y refiere a que las afectaciones han implicado a más de mil personas.
“Como Cristosal hemos recibido más de mil casos de personas en esta situación, incluidas personas que trabajamos en la organización y otras que trabajan en otras organizaciones”, explicó a la prensa la abogada de Cristosal, Zaira Navas.
De los más de mil casos reportados por la organización, al menos 700 personas reportaron quejas por el uso irregular de sus finanzas individuales, comprometiendo cerca de $21 mil dólares de sus cuentas personales de la plataforma Chivo Wallet.
“Quienes usan, de manera fraudulenta, la identidad,cometiendo delito, tiene la posibilidad no sólo de apropiarse de los treinta dólares que ofrece el gobierno en esa plataforma, sino que además pueden cometer otros delitos, inclusivo extorsiones”, explicó el abogado David Morales, quien además declaró haber sido víctima de la usurpación de su identidad, a través de la aplicación.
Sin embargo, hasta la fecha, Cristosal indica que aún no ha recibido respuesta. Incluso, ya ha transcurrido un mes desde que la organización tramitó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para demandar la auditoría de los fondos, y la imposición de mecanismos que garanticen la protección de los datos de los usuarios.
Dinero Público
La empresa Chivo es una institución estatal, propiedad de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La aplicación es una billetera electrónica, que fue pensada para el almacenamiento, intercambio de bienes comerciales y la convertibilidad de dólares a Bitcóin, y viceversa.
Han transcurrido más de cuatro meses de su lanzamiento oficial (7 de septiembre), y el gobierno ya anunció que, desde el pasado mes de octubre, el número de usuarios era mayor a los 3 millones de salvadoreños, e inversionistas del país. Y, aunque la cifra supone una diferencia notable respecto a los inscrito en la banca privada, las denuncias contra la plataforma contrarían su oferta, y condiciones de privacidad.
3 million salvadorans are already using @chivowallet.#Bitcoin🌋🇸🇻
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 3, 2021
“Hemos estado presentando dos acciones legales, que son avisos y denuncias penales, y amparos. Éste día estamos presentando un proceso con las últimas personas que se adhirieron a las acciones legales”, dijo uno de los representantes de Cristosal.
Las demandas de la fundación responden a que el presupuesto destinado para la aplicación es un fondo de $150 millones de dólares, mismos que garantizarían la convertibilidad de la moneda, a través de la aplicación de Chivo Wallet
Por ello, Cristosal ha demandado a la CSJ la realización de auditorías sobre los fondos, así como examinar y evaluar“los sistemas operativos, de la administración e información y las técnicas y procedimientos de control interno en ellos, con responsabilidad gerencial de la empresa Chivo S.A. de C.V”; es decir, un “mecanismo de auditoría permanente”, por la magnitud de la inversión pública.
“Vamos a poner a prueba el sistema, para ver si esta del lado de las víctimas o del lado de una empresa” @Ruth_Lopez1977 pic.twitter.com/EZf1bNaCfC
— Cristosal (@Cristosal) November 16, 2021
Sobre ese mecanismo se estarían almacenando las compras de al menos 1,370 unidades de Bitcóin, adquiridos por un valor de $72,2 millones de dólares; precisamente de un Fideicomiso de $205.3 millones de dólares, mismos que se utilizarían para la inversión y tecnificación de la país, a partir de la infraestructura basada en Bitcóin.
La infraestructura del Bitcóin está basada en la tecnología del Blockchain, que garantiza la trazabilidad de las transacciones financieras, a través de un registro público; condición que garantizaría la transparencia y auditabilidad.
.@Ruth_Lopez1977 : no ha habido medidas por parte de la Sala de lo Constitucional para evitar que esto siga suciediendo. La Sala de lo Constitucional está permitiendo esta vulneración de derechos de la ciudadanía.
— Cristosal (@Cristosal) December 8, 2021
Sin embargo, la ausencia de condiciones de seguridad sobre la infraestructura en la aplicación argumenta una duda razonable sobre la misma. Cristosal reitera que el dinero que ingresa a la plataforma es principalmente público; pero buena parte de ese dinero también fue destinado por las actividades económicas de salvadoreños e inversionistas que compraron unidades de bitcóin, y que introdujeron otras cantidades desde varias aplicaciones.
“¿Qué garantía tengo como ciudadano que un miembro de pandillas, un miembro de estructuras del crimen organizado no se apropió de mi identidad, y está realizando éste tipo de delitos, u otras actividades ilícitas?. Esto me hace susceptible a que después pueda ser perseguido penalmente porque mi identidad se usó para cometer delitos”, cuestiona David Morales.
