Por Redacción ContraPunto
El sistema judicial salvadoreño continúa avanzando en el esclarecimiento del caso de la agente policial Carla Ayala, cuyo asesinato se convirtió en uno de los hechos más impactantes de violencia institucional en el país.
Las autoridades han confirmado nuevas condenas contra exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) vinculados a una estructura criminal que operaba entre 2015 y 2017 en la zona oriental. Entre los principales implicados se encuentra Juan José Castillo Arévalo, alias “Samurái”, señalado como uno de los autores clave del crimen.
Castillo Arévalo ya había sido condenado previamente a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de Ayala. A esta pena se suma ahora una sentencia de 720 años de cárcel por su participación en al menos 18 casos de homicidio agravado, así como delitos de fraude procesal, amenazas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, otros tres exagentes también recibieron condenas significativas: José Onán Castillo Arévalo fue sentenciado a 410 años de prisión; José Fermín Melgar Luna a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado a 65 años. Según la Fiscalía, los imputados utilizaron recursos del Estado para cometer crímenes y manipular escenas del delito, lo que agravó la afectación a la institucionalidad y la seguridad pública.
A pesar de las condenas, las autoridades confirmaron que los responsables continúan prófugos, por lo que se han reactivado órdenes de captura a nivel nacional e internacional, incluyendo alertas rojas de INTERPOL.
El caso de Carla Ayala marcó un antes y un después en El Salvador. La agente fue reportada como desaparecida el 28 de diciembre de 2017, y su cuerpo fue localizado meses después, en septiembre de 2018, en una zona rural de Usulután.
Este crimen evidenció graves fallas dentro de las estructuras de seguridad pública, incluyendo encubrimiento, abuso de poder y participación directa de agentes en actividades delictivas. Organizaciones de derechos humanos han señalado el caso como un símbolo de la urgencia de reformar y depurar las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Aunque las condenas representan un avance judicial, el hecho de que los implicados sigan en fuga plantea desafíos importantes para la justicia salvadoreña y deja abierta la exigencia de captura y cumplimiento efectivo de las penas.
