La Cámara Tercera de lo Penal dejó sin efecto la demanda por la aplicación de una detención domiciliar a favor del ex-titular de la Alcaldía de San Salvador Luis Ernesto García Prieto, y de su ex-tesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, acusados por los delitos de incomplimiento de deberes y retención de cuotas, en perjuicio de 41 trabajadores y 54 entidades, consistentes en más de $5 millones de dólares (USD).
En la demanda de los acusados, tanto Muyshondt como Portillo alegaban haber cumplido con la pena establecida al pago de un monto de más de $50 mil de dólares, en concepto de la responsabilidad civil para el resarcimiento de los afectados. Además, el ex-alcalde sostuvo haber sufrido afectaciones en la salud, mientras permanecía recluído, debido a complicaciones relacionadas a un problema neurológico que él llegó a describir como “bastante complicado”.
Según lo detalla la administración de justicia, el árbitro sostuvo su resolución en que “parte de la exposición de circunstancias que afectan la variabilidad de las razones que sostienen la medida del arresto domiciliar respecto de los imputados aludidos, siendo éstas, básicamente, la imposibilidad de dar cumplimiento a la misma, en virtud de la custodia policial que vigilaría los inmuebles fijados por los encausados”.
Asimismo, expuso que “por la coexistencia de otros procesos judiciales seguidos a los mismos imputados en mención, que habilitaría otro tipo de interpretaciones respecto a lo que, conformaciones subjetivas anteriores han considerado, en el marco de su criterio judicial”.
#CombateALaImpunidad | La Cámara 3° de lo Penal ha revertido la decisión de otorgar arresto domiciliar al exalcalde Ernesto Muyshondt y a Fernando Portillo, y ordena que permanezcan recluídos en un centro penal. pic.twitter.com/K0aiFlu8CS
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 2, 2021
La Cámara Tercera de Paz, además, ordenó oficio para remitir la certificación de su resolución al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, “para dar conocimiento y estricto cumplimiento de lo resuelto”. Esta última instancia, además, deberá ordenar la devolución de los más de $5 millones de dólares retenidos del salario de los empleados ante la Unidad de Fondos Ajenos en Custodia, del Ministerio de Hacienda; y luego confirmar su cumplimiento a la Dirección de Centros Penales. Además, la instancia ordenó tomar medidas de carácter patrimonial.
Un descarado ABUSO de poder ….