Claro y directo. El presidente de El Salvador Nayib Bukele, pidió en cadena nacional de radio y televisión a los diputados que aprueben $91 millones para la implementación de la segunda fase del Plan de Control Territorial.
Este jueves, durante el desarrollo de la sesión plenaria, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegará a presentar la iniciativa, que pasará a la Comisión de Hacienda y es probable que el lunes de la próxima semana sea agendada para su estudio.
“Señores diputados, les pido como presidente, como jefe de Estado, como líder de Gobierno, pero sobre todo como salvadoreño, que voten a favor de la seguridad del pueblo salvadoreño”, reiteró el gobernante.
Recordó que el altísimo número de homicidios durante muchos años colocó al país con más homicidios en el mundo.
Desde el pasado 20 de junio, cuando el Ejecutivo lanzó su plan antidelincuencial, fue de carácter represivo, es decir el de combatir frontalmente a las pandillas, sacarlas de las zonas que tenían bajo su dominio y seleccionó a 17 municipios a escala nacional considerados con los mayores índices de criminalidad.
San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Martín, Cojutepeque, Sonsonate, Usulután, San Miguel y La Unión, entre otros, fueron elegidos, También bloqueó por completo las señales de comunicaciones en los penales y decretó de manera permanente el estado de emergencia en estos lugares. Además golpeó las finanzas de los grupos criminales.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el ejecutivo pidió a la Asamblea recursos, y le aprobaron $2,8 millones para la compra de uniformes y botas para los policías y soldados.
Días después, dio a conocer la segunda fase del plan de combate a la criminalidad, denominada de “oportunidad”, y cuyo componente era la reinserción con la asistencia de programas sociales llevados a barrios y comunidades, que serán favorecidas con educación, salud, introducción de agua potable y lugares de recreación.
Pero también pidió fondos, que también fueron autorizados por los legisladores por un monto de $30.9 millones, parte de los cuales se utilizaron para la alimentación de 2,500 agentes; también, se destinaron para mejorar la infraestructura policial.
Además desde el martes comenzó el despliegue de policías y soldados en las unidades del transporte colectivo y registro de pasajeros para garantizar la seguridad y evitar los asaltos en los buses.
En esta ocasión, Bukele requiere del respaldo de la Asamblea Legislativa para la aprobación de $91 millones para reconstruir el tejido social en las comunidades.
Aunque los diputados no se han mostrado en contra de dar sus votos, quieren conocer en detalle para qué serán utilizados los recuros. El presidente del Palacio Legislativo, el arenero Norman Quijano, fue tajante al señalar que una vez llegue la petición espera que den pormenores del destino de ese dinero.
En los mismos términos se ha pronunciado el grupo parlamentario del FMLN. Jorge Schafik Handal dijo la semana pasada que es importante que haya transparencia en el manejo de esas asignaciones.
Bukele mientras tanto fue al grano. “Me dirijo a ustedes por lo que se ha convertido en nuestra prioridad número uno: la seguridad”, acotó.
Y les recordó a los políticos que la ciudadanía no solo necesita del compromiso de todos, Y a manera de presionarlos insistió en que “necesitamos de los 84 diputados.
Los parlamentarios por hoy, quieren saber de dónde saldrán esos fondos, si provienen del impuesto a las telefonías para la seguridad, transferencias presupuestarias de carteras de Estado o reorientaciones.
