La fracción legislativa de ARENA y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) tendrían la intensión de privatizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según denunció el presidente de la República, Nayib Bukele.
“Mientras todos estamos ocupados en la reapertura, en la Asamblea Legislativa quieren lograr uno de los sueños de ARENA, desde hace más de 20 años: Privatizar el ISSS. Lo harán paso por paso, empezando HOY”, dijo el mandatario, a la vez que compartió una pieza de correspondencia firmada por los diputados Norman Quijano y Margarita Escobar, en el sentido se reforme la ley del ISSS “a fin de promover su autonomía”.
El mandatario agregó que “Simán, ahora quiere el Seguro Social. Quieren modificar la regla existente desde hace 70 años, de que el Presidente de la República nombra a su Director, y quieren que ahora lo nombre el Consejo Directivo. Para postre, también quieren que la ANEP, controle el Consejo Directivo”.
Según los legisladores, el Órgano Ejecutivo ha hecho “intromisiones” en el ISSS que afectarían la autonomía de la institución «y deteriora sus recursos», por lo que proponen una reforma de ley para promover su autonomía y buscarían la mayoría de votos en el congreso para tal fin.
El documento presentado al parlamento propone se reforme la letra ch) del artículo 18 de la Ley del ISSS; el artículo 9, y se sustituya la letra t), así como se agregue la letra u) al artículo 14, para garantizar «la autonomía» de la institución.
«Es por ese motivo que los suscritos (Quijano y Escobar) promovemos la presente reforma a la Ley del Seguro Social a fin de promover la autonomía… y de ese modo cumplir con la naturaleza de una institución autónoma que ha señalado la Sala de lo Contencioso de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia emitida el 14 de mayo de 2014», justifican en la pieza de correspondencia.
En 2002, el gobierno del presidente Francisco Flores (ARENA) intentó infructuosamente privatizar el ISSS, generando un movimiento ciudadano que se manifestó en las calles y se le denominó «La Marcha Blanca» a la que se sumó personal médico público y privado impidiendo se concretara la privatización.
El movimiento tenía a la base el Artículo 1 de la Constitución Política, complementado con los artículos 65 y 66, que establece que es deber del Estado garantizar el goce de la salud, mediante un sistema de Seguridad Social financiado por patronos, trabajadores y el estado mismo, así como proporcionar un servicio de salud gratuito a quienes no se incorporen en él.
Durante los gobiernos de ARENA se privatizaron grandes empresas nacionales de comunicaciones y energía eléctrica, así como con el sistema nacional de pensiones y otros bienes.
