Desde Ginebra, Juan Gasparini.
Familiares de víctimas colombianas de la represión atribuida al ex-Presidente Alvaro Uribe (2002-2010), han presentados los casos de 6.112 asesinatos, ante un juez de Buenos Aires. Invocan la «jurisdicción universal» para con delitos imprescriptibles de lesa humanidad, guerra, agresión y genocidio. El abogado suizo, Bénédict De Moerloose asesoró a los querellantes. Argentina ya sigue procedimientos penales del mismo tipo sobre Venezuela, Nicaragua, Myanmar y España.
«La querella se presentó en el marco del principio de jurisdicción universal, que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas», explicó por correo electrónico desde Buenos Aires, Bénédict de Moerllose, el abogado del despacho helvético, asesor de las partes querellantes, quien acompaña a las víctimas.
«Los países que aplican este principio y cuentan una real experiencia en la materia frecuentemente tienen limitaciones tales como la exigencia de la presencia de los presuntos victimarios cuando se interponen las denuncias. Pero la Argentina no los tienen. En cambio dispone de una amplia experiencia en la investigación de sumarios de lesa humanidad, con los juicios de la dictadura militar 1976-1983, y luego por los ejemplos en la jurisdicción universal, debido a las causas de Nicaragua, Myanmar, Venezuela y España», explicó el letrado de Ginebra.
«Asimismo, la Argentina siendo un pais hispanoparlante y suramericano, y como tal de relativa cercanía cultural con Colombia, tenía toda la lógica para que planteáramos iniciar el procedimiento en esta jurisdicción. A esto se agrega que Alvaro Uribe Vélez ha estado varias veces en Argentina, una de ellas hace exactamente un año», concluyó el letrado helvético.
Como se ha dicho se trata de presuntos grandes criminales no perseguidos penalmente en el país donde sucedieron los hechos, ni en donde residan sus autores. Entonces un tercer país, al reconocer la jurisdicción universal para las infracciones imprescriptibles antes citadas, puede iniciar el procedimiento judicial, y lanzar pedidos de busca y captura de los perpetradores impunes. Fue lo sucedido más de 20 a atrás con Ricardo Cavallo, ex-represor que operaba como secuestrador y torturador en el Centro Clandestino de Detención de la ESMA en Buenos Aires.
Su caso sirve de ejemplo entre América Latina y Europa, de esta «jurisdicción universal», para con los «crímenes imprescriptibles» definidos por la ONU. Cavallo fue identificado en Mexico por sobrevivientes de la ESMA en el 2000. Tres años mas tarde lo extraditaron a España, donde el juez Baltasar Garzón, lo reclamaba por «genocidio», en virtud que las leyes de de «Punto Final» y «Obediencia Debida», impedían juzgarlo en Argentina. Pero en 2008 volvió a ser extraditado de Madrid a Buenos Aires, luego de la anulación de aquellas leyes de «impunidad», donde fue condenado en 2015. En 2020, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le retiró la Orden Nacional del Mérito, otorgada en 1985 por el entonces Presidente François Mitterrand.
«Es un principio jurídico que permite a los Estados (un tratado lo puede establecer como obligación también) llevar a juicio y castigar algunos crímenes sin tener en cuenta el lugar donde se cometieron, la nacionalidad de la víctima o la del perpetrador. Se fundamenta en la idea de que el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, entre otros, tienen que poder ser juzgados por todos los Estados porque debido a su gravedad lesionan a toda la comunidad internacional (la humanidad)», estima un experto internacional en derechos humanos de origen latinoamericano.
« Ademas se pretende que con el uso de la jurisdicción universal no existan santuarios seguros para los autores de esos crímenes. Esto ultimo implica que aunque los perpetradores se refugien en un tercer país, este puede devolverle al lugar donde se cometieron los crímenes para ser juzgados, o sino los debe juzgar por si mismo. Esto se llama aut dedere aut judicare. Para las víctimas y las familias tiene el claro sentido de establecer un sistema por que el se les dispensará justicia , sino en sus propios países, en otros », concluye el experto.