La elección de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos ofrece una oportunidad histórica para renovar nuestro compromiso nacional con los derechos humanos y la democracia, al igual que revertir los daños de los últimos cuatro años. Instamos a la nueva administración a centrarse en los derechos humanos durante el periodo de transición y cuando asume el poder en enero del año que entra.
Hacemos un llamado a Donald Trump a que respete la voluntad de los votantes, en vez de retar los resultados ya ampliamente aceptados o difundir narrativas dudosas sobre fraude electoral. A pesar de los esfuerzos para purgar las listas de votantes, imponer restricciones al voto y sembrar la desconfianza en el voto temprano a través del correo, el pueblo estadounidense ha salido a votar en números récord, exhibiendo su valentía y deseo por hacer escuchar sus voces.
El presidente electo Biden y el Congreso entrante enfrentan retos arduos en sus primeros cien días de gobierno. En las secuelas de unas elecciones polarizantes, la administración entrante deberá reconstruir la confianza y desarrollar relaciones funcionales con sus oponentes. Cerrar esta brecha ayudará a los EE.UU. a afrontar asuntos domésticos urgentes, como revertir la tendencia de las infecciones y muertes por COVID-19, afrontar el abuso policial y racismo sistémico, y restaurar un compromiso por los derechos humanos. Pero también hay políticas críticas para América Latina, y temas de derechos humanos, que deben ser tratados con urgencia porque de ello dependen millones de vidas.
La administración Trump dejó un legado desastroso en América Latina, que incluye: la erosión de la confianza en el gobierno estadounidense como líder creíble en derechos humanos y el estado de derecho; un enfoque miope en la migración y una política exterior transaccional que permitió a élites políticas y económicas deshacer iniciativas exitosas de anticorrupción; la proliferación de líderes autoritarios envalentonados por el desdén de Trump hacia los controles y balances institucionales; la politización de instituciones judiciales, y ataques a la prensa.
Con COVID-19 avanzando por toda América Latina, los números de migración incrementando desde el verano, y las preocupantes tendencias que se han desarrollado en la región concernientes a seguridad y autoritarismo, la administración Biden y el Congreso deben moverse rápido para promulgar una agenda para la región que mire hacia el futuro y se enfoque en los derechos humanos. Esto requiere actuar rápidamente para dar fin a los ataques mortales de Trump contra los solicitantes de asilo, restaurar el apoyo por el estado de derecho y los esfuerzos anticorrupción en América Latina; y asociarse con líderes y lideresas valientes de la sociedad civil en la región.
Sobre todo, la administración Biden y el Congreso deben involucrarse con América Latina desde una relación basada en el respeto y las responsabilidades compartidas. Deben relacionarse con líderes de los gobiernos y la sociedad civil dispuestos a implementar mecanismos de buen gobierno, combatir la corrupción y proteger a los ciudadanos de la pandemia y la violencia. Después de cuatro años de una política exterior transaccional y contraproductiva con América Latina, los Estados Unidos tiene la oportunidad de reiniciar y renovar su relación con la región de una forma que proteja los derechos humanos y fomente la democracia.
A través de incidencia, campañas y nuevas estrategias, WOLA trabajará con nuestros aliados para instar al gobierno Biden a defender y avanzar los derechos humanos, el estado de derecho, y gobernanza democrática en toda América Latina.
