En el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-20012) fueron asesinados 45 periodistas y en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) la cifra llega a los 27, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés, que tiene sede en Nueva York.
Del total de esos 72 periodistas en 28 casos hay evidencia clara que fueron asesinados por ejercer su tarea, en 42 casos todavía queda por confirmar el motivo del asesinato y en cuatro de los casos corresponde a otro tipo de trabajadores de los medios de comunicación, de acuerdo a la misma fuente.
En lo que va de 2017 son siete los periodistas asesinados y queda por confirmarse cuantos de ellos lo fueron por el ejercicio de su profesión. A lo terrible y lamentable de los asesinatos cometidos en los últimos 11 años se añade que resulta una vergüenza y una tragedia que hasta ahora el 99.7% de estos casos han quedado impunes.
El capítulo mexicano de Artículo 19, organización de la sociedad civil de origen inglés, tiene registradas 2,000 acciones en contra de periodistas desde 2010. En 2016, el 53% del total de éstas fueron realizadas por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) creada para investigar los asesinatos de los periodistas ha sido un fiasco. Estos índices, hay que reconocerlo, son iguales a la impunidad que impera en el resto de los asesinatos y delitos de todo tipo que se cometen en el país.
Como me lo señala un gobernador, los asesinatos y las agresiones a los periodistas se dan en el marco general de violencia que ha caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. No son hechos aislados sino que forman parte de una misma cosa. Solo se van a reducir, añade el gobernador, cuando ocurra lo mismo con la violencia generalizada hoy presente en el país.
Después del asesinato del periodista sinaloense, especializado en la cobertura del narcotráfico, Javier Valdez Cárdenas, el presidente Peña Nieto anunció que se fortalecerá la Fiscalía Especial y también el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que ahora atiende a 196 comunicadores.
El asesinato de periodistas por parte del crimen organizado atenta contra la credibilidad y confianza de la autoridad y busca impedir que la sociedad se entere de lo qué pasa, de manera particular en el tema del narcotráfico. Es claramente un atentado contra de la libertad de expresión y el interés público. Se busca también inhibir el ejercicio de esa profesión.
Si la impunidad sigue campeando no hay nada que detenga el asesinato contra los periodistas y si no hay una decidida voluntad y acción de las autoridades para ponerle fin las cosas seguirán iguales o todavía más graves. El gobierno en las actuales circunstancias no puede garantizar a un periodista, de manera absoluta, su seguridad, pero si está en sus manos evitar que estos crímenes queden impunes.
Twitter: @RubenAguilar
