Por Redacción ContraPunto
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició el proceso de estudio para la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, la cual habilita la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo.
La modificación constitucional fue aprobada previamente por 59 diputados durante la plenaria 102. Como parte del proceso, los legisladores también han comenzado el análisis de reformas a distintos cuerpos normativos, entre ellos el Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. El objetivo es armonizar estas leyes con la enmienda constitucional y evitar vacíos legales en su implementación.
El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, señaló que la intención es garantizar la seguridad de la población mediante la homologación de las normativas vigentes. “Vamos a seguir protegiendo el orden público y la paz social, fortaleciendo la prevención de delitos que ponen en riesgo la tranquilidad de los salvadoreños”, afirmó.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro destacó que la reforma permitirá aplicar la cadena perpetua, pero subrayó la importancia de ajustar las leyes secundarias para que estén alineadas con la Constitución.
Esta medida se suma a otras estrategias de seguridad implementadas en el país, como el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y las distintas fases del Plan Control Territorial, impulsadas para combatir la criminalidad.
Con esta reforma, El Salvador se incorpora al grupo de países latinoamericanos que contemplan la cadena perpetua en su legislación, junto a México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Cuba y Colombia, este último con aplicación específica para crímenes contra menores de edad.
A nivel global, más de 180 países contemplan la prisión vitalicia en sus sistemas penales, ya sea en modalidad definitiva o revisable.
Como parte del proceso de estudio, la Comisión Política aprobó un calendario de cuatro sesiones adicionales para recibir a distintos funcionarios. El 19 de marzo comparecerá el Gabinete de Seguridad, encabezado por el ministro Gustavo Villatoro; el 20 de marzo será el turno del fiscal general Rodolfo Delgado; el 23 de marzo acudirá el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía; y el 24 de marzo se realizará la sesión final, en la que los diputados decidirán si emiten los dictámenes correspondientes.
La decisión final marcará el rumbo de una de las reformas más relevantes en materia penal en los últimos años en El Salvador.
