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sábado, 16 de octubre del 2021

Aprueban Regulaciones Contra Tráfico Ilegal de Personas, en Crísis Migratoria

Legisladores aprueban ley que sanciona el tráfico ilegal de personas, que incrementa sanciones y articula acciones con países centroamericanos, ante las crecientes oleadas migratorias.

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Transcurrió casi dos años para que la Asamblea Legislativa aprobara, con mayoría calificada, la iniciativa de una Ley Especial Contra el Tráfico Ilegal de Personas, cuya finalidad es la de actuar en la “detección, persecución penal integral, juzgamiento y prevención del delito de tráfico ilegal de personas”, tal y como se definió en la última sesión plenaria.

Este día concretamos un objetivo histórico en el país. Luego de casi 2 años de trabajo, finalmente logramos que nuestra iniciativa se convierta en la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas”, manifestó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, desde sus redes oficiales.

https://www.youtube.com/embed/hGHTiYDmewE

La ley también persigue prevenir los riesgos de la migración ilegal, asociados a las personas que contratan servicios migratorios, de manera clandestina. En los últimos dos meses del año, más de 27,8 mil salvadoreños se han sumado a los afluentes migratorios hacia los Estados Unidos; de los que 2,185 han resultado ser niños y adolescentes, que fueron reportados desde la frontera sur terrestre de la nación del norte.

Regulaciones Migratorias

Con un total de 58 votos a favor, la sesión plenaria número 155 de la Asamblea Legislativa concluyó en la aprobación de la Ley Especial Contra el Tráfico Ilegal de Personas, del dictamen #47 Favorable. La propuesta fue originalmente diseñada por el fiscal general, Raúl Melara, desde el mes de julio del año 2019.

Esta Ley nos dará herramientas para castigar severamente a quienes arriesgan la vida de miles de víctimas ofreciéndoles un viaje ilegal e inútil. Como nación, debemos comprometernos a trabajar para crear condiciones dignas para que ningún salvadoreño deba huir de su patria”, así lo definió Raúl Melara.

La reciente ley busca la detención, persecución penal y la judicialización del delito del tráfico ilegal de personas, así como la cooperación nacional e internacional para el combate y prevención del mismo. En sus articulados, también establece un incremento en las sanciones penitenciarias, que ya establecía el Código Penal, hasta doce años de cárcel.

Hasta el momento en que el señor presidente (Nayib Bukele) sancione ésta ley, tenemos solamente un artículo en el Código Penal que habla de la penalización de éstos delitos que, por cierto, eran de cuatro a ocho (años de prisión); hoy es de ocho a doce, el que esté cometiendo éstos delitos. Y se comienza a detallar que no solamente el cacique, sino que el que guía y albergue; también el promocionar… al que alguien esté promocionando, que la gente haga esos viajes ilegales; o, también, la conspiración o la apología del delito, detalló a la prensa, el diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Coronel Almendariz.

Además, la nueva ley pretende regular la figura delictiva de las “organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas”, a incrementar las investigaciones integrales, encaminadas no sólo a la desarticulación de estructuras criminales transnacionales, sino también, de todos los bienes de origen y destinación ilícita, que genera, lógicamente,el crimen organizado, dedicado al tráfico ilegal de personas”, según así lo definió la jefa de la Unidad contra el Tráfico Ilegal de Personas, Violeta Olivares.

Las nuevas regulaciones requieren de la creación de unidades especializadas en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Policía Nacional Civil (PNC), para la investigación de ilícitos. Y también busca la prevención del ejercicio de fraudes procesales, en la judicialización de los casos, sobre la susceptibilidad de la alienación de las partes, con vinculación a la Ley Especial para la Protección de Testigos.

https://www.youtube.com/embed/iopkFtQ_1l0

Se regula (…) también el delito de obstaculización del debido proceso, encaminado a sancionar prácticas que se están dando, encaminadas a ofrecerles a las personas testigos, o personas objeto del tráfico ilegal, diversas cantidades de dinero para que no se presenten a diligencias judiciales”, añadió Olivares.

Para los legisladores, la nueva regulación es también vista como un instrumento “novedoso” a nivel regional, al establecer alcances migratorio sobre los países vecinos, en América Central.

La Crisis Migratoria

La región Centroamericana ha sido el escenario de recurrentes y masivas oleadas migratorias, generalmente, con destino hacia México, Canadá y los Estados Unidos.

Desde octubre del año 2018, se Honduras protagonizó una de las mayores peregrinaciones en dirección norte; sólo comparable a la del año 2020, que tuvo una participación de más de 4 mil migrantes de la región, pese al impacto de la pandemia del covid-19, y a los eventos climáticos que impactaron sobre la región.

De acuerdo con los legisladores salvadoreños, la nueva ley persigue la articulación de regulaciones internacionales, para desarticular las redes de tráfico ilegal de personas, y sus redes de financiamiento, desde la región central.

Es una ley en la cual se pretende realizar investigaciones integrales, encaminadas no sólo a la desarticulación de estructuras criminales transnacionales, sino también, de todos los bienes de origen y destinación ilícita, que genera, lógicamente,el crimen organizado, dedicado al tráfico ilegal de personas, definió Olivares.

Durante los primeros 73 días del presente año, las autoridades estadounidenses han reportado, al menos, una incidencia de más de 27,8 mil salvadoreños que se han sumado a los afluentes migratorios hacia los Estados Unidos; de los que 2,185 han resultado ser niños y adolescentes, que fueron reportados desde la frontera sur terrestre de la nación del norte.

También han planteado los riesgos migratorios a los que los salvadoreños se enfentan, ya que “muchas veces mueren, son torturados, son extorsionados, son secuestrados (…) con ésta ley, también se le garantiza que éstos individuos, que se aprovechan de nuestros hermanos, al momento en que en que se cometan ese tipo de delitos, no se queden con las propiedades, o con el dinero de esas personas, sino que se los devuelvan, añadió Almendariz.

Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden también anunció la inversión de un capital inicial de más de US$40,000 millones, para prevenir las “causas estructurales” de los hechos migratorios, entre ellas, la “falta de oportunidades económicas” de los países de migrantes.

Podemos hablar todo el día sobre los síntomas de la situación, pero realmente hay que llegar a lo que está causando este fenómeno, y ese será su enfoque”, manifestó uno de los funcionarios de Casa Blanca.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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