Por Alessia Genoves
“Ley de Registro Único de Víctimas de Masacre de El Mozote” es el nombre de la regulación nacional que establece registro de Estado Familiar, de las personas que fueron víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños. El hecho que habría ocurrido en diciembre de 1981, fue conmemorado en la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, en donde consensuaron la reforma a varios de los 29 artículos de la ley, para facilitar el registro a las víctimas y a sus familiares.
“Un registro ya hay. Individualizados los casos, ya se cuentan. ¿Qué es lo que falta?: dotar de herramientas a las personas para que puedan vincularse ese parentesco, e individualizar su identidad, para poder entrar en ese registro. ¿Cómo se va a hacer?, mediante la Ley de Jurisdicción Voluntaria”, indicó el representante del partido Nuevas Ideas, Jorge Castro
El registro oficial de las víctimas de la masacre busca resarcir a las familias dolientes, de las más de 1,730 víctimas del atentado. Queda patente en el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas (RUV) de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”; que, a su vez, debe ser modificado por orden de la Corte-Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), según lo oficializó la sentencia del 25 de octubre de 2012, titulada “Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador”.
Novedades
Con 8 votos a favor, los diputados de la Comisión validaron el requerimiento de la propuesta de reformas al RUV, para llevarlo a la sesión plenaria. Según lo detalla el portal oficial de la Asamblea Legislativa, el RUV “será remitido al Ministerio de Gobernación y estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por delegados de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN)”. Asimismo, tendrá participación la Asociación Pomotora de Derechos Humanos de El Mozote.
En ésta propuesta de reforma “ahora hay plazos establecidos para que éstas personas (las víctimas) puedan establecer cuál es su situación familiar, que estuvieron vinculadas directamente con las víctimas directas, esposas, hijos… que necesitan esclarecer si son, en sus fecha de nacimiento, sus partidas de nacimiento, sus partidas de defunción, que por alguna razón desaparecieron las alcaldías de El Mozote y los Lugares Aledaños”, detalló a al prensa, la diputada Rebeca Santos.
La RUV, según lo define la ley, tiene las atribuciones de “organizar y dirigir el registro, evaluar y resolver peticiones de las víctimas que soliciten su inclusión al registro, ordenar las modificaciones necesarias o la eliminación de duplicidad de asientos de partidas”. Éstas últimas, según lo informa la Asamblea, “serán inscritas en el Registro del Estado Familiar correspondiente y el RNPN”.
La ley aseguraría que los trámites “van a ser expeditos, que no van a ser burocráticos, sino que por el contrario, se les ha generado una capacidad, para que todas éstas víctimas y familiares de víctimas puedan tener toda una documentación correspondiente”, según lo declaró a la prensa el diputado por el partido GANA, Walter Coto.
Más de 40 años
La masacre tuvo lugar hace más de 41 años, en varios caseríos del municipio de Meanguera, en Morazán. El salvado estimado de víctimas, hasta a fecha, mayor a las 1,730 víctimas asesinadas, según lo documenta la base de datos del Concejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote y lugares aledaños. hasta el pasado 21 de febrero del año 2019.
“Tierra Arrazada” era el nombre del operativo militar efectuado por operativos del Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas. La mayoría de las personas asesinadas fueron mujeres (887), más otras 12 en estado de embarazo; y, con una diferencia no tan alta respecto a la de los hombres (831). De esa cifra, apenas pudieron sobrevivir otras 48 personas, de las que al menos 29 fueron desplazadas.
“He sido testigo de muchos procedimientos que han ocurrido, de todos éstos procesos, que tienen más de 40 años de esperar ésta reparación”, indicó el diputado de Meanguera, Daniel Barahona. La opìnión fue compartida por el diputado Samuel Martínez, quien añadió que los diputados buscan “incluir a la lista que ya existe, y no excluir a nadie, que por “A” o “B” motivo, por falta documental no han podido ser incluidas en los listados”.
