La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, por dictamen favorable unánime, la creación de una nueva entidad que promete transformar la gestión de los mercados públicos y espacios comerciales en El Salvador.
Se trata de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales, una institución propuesta por el Ejecutivo y que será clave para regular el comercio en plazas, parques y otros espacios públicos que cuenten con infraestructura desarrollada o remodelada por el Estado.
¿Qué busca la nueva Dirección?
La normativa respaldada por los diputados busca llenar un vacío legal: establecer un marco institucional y normativo claro que permita ordenar y supervisar los mercados y locales públicos en todo el territorio nacional.
La Dirección será responsable de:
- Supervisar el funcionamiento de mercados nacionales y locales construidos con fondos públicos.
- Administrar locales comerciales ubicados en espacios como plazas o parques.
- Regular la relación entre el Estado y los comerciantes adjudicatarios de puestos de venta.
Una institución con autonomía y alcance nacional
A diferencia de las actuales gestiones municipales o mixtas, la nueva Dirección tendrá autonomía administrativa, presupuestaria y técnica, lo que le permitirá operar de forma descentralizada pero con capacidad nacional.
Esta institución tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le otorga herramientas legales para actuar como ente rector en el uso, desarrollo y control de los espacios comerciales públicos.
¿A quién aplica esta nueva normativa?
La ley aplicará a personas naturales y jurídicas que realicen actividades comerciales en estos espacios. Esto incluye tanto a adjudicatarios de puestos en mercados como a quienes operan locales en áreas públicas intervenidas por el Estado.
Aunque la ley aún debe pasar al pleno para su aprobación definitiva, el consenso alcanzado en comisión anticipa un avance sin mayores obstáculos.
Una apuesta por la formalización del comercio
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la República, a través del Ministerio de Economía, como parte de una política de ordenamiento, transparencia y formalización del comercio público.
Con esta nueva dirección, se espera una mayor coordinación en el uso de infraestructura pública, reducción de conflictos entre vendedores y autoridades, y una mejor experiencia para consumidores y comerciantes por igual.
