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lunes, 26 de julio del 2021

Antecedentes de negociación reforma fiscal

Al mismo tiempo que las Administradoras de Pensiones (AFP) lograban obtener altas ganancias, las instituciones públicas de pensiones entraron en crisis financiera, sólo el 3% de las cotizaciones entraban al INPEP y al ISSS, pero tení­an que pagar a 105 mil jubilados.

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Al mismo tiempo que las Administradoras de Pensiones (AFP) lograban obtener altas ganancias, las instituciones públicas de pensiones entraron en crisis financiera, sólo el 3% de las cotizaciones entraban al INPEP y al ISSS, pero tení­an que pagar a 105 mil jubilados.  El gobierno de Francisco Flores empezó a emitir bonos para resolver ese problema, una parte de los mismos fueron comprados voluntariamente por las AFP, utilizando el Fondo de Pensiones de propiedad de los cotizantes.

El gobierno de Antonio Saca continuó vendiendo bonos para pagar a los pensionados del ISSS e INPEP, así­ como para abonar a la deuda ya acumulada con las AFP. En el año 2006, ARENA y el PCN sumaron sus votos en la Asamblea Legislativa para aprobar un Fideicomiso de Pensiones, dando un carácter obligatorio a los préstamos que las AFP daban al gobierno.

Antes de la toma de posesión de Mauricio Fúnes, el FMLN negoció con el presidente Saca la aprobación de  un préstamo internacional por un poco más de mil millones de dólares, de tal manera que el nuevo gobierno pudiera iniciar sus funciones libre de deudas de corto plazo.

Durante el primer año de gobierno de Mauricio Funes, se elaboró un plan de emergencia para la recuperación económica de la crisis económica mundial que habí­a estallado en el año 2008, así­ como para resolver la difí­cil situación financiera gubernamental que habí­a  dejado la administración del presidente Saca, es aquí­ donde apareció la necesidad de una reforma tributaria, que es sólo una parte de la reforma fiscal.

En el último trimestre del año 2009, el gobierno  propuso una reforma tributaria centrada en modificaciones al impuesto de la renta, bebidas gaseosas, precio de combustibles, consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Ante la oposición de la gran empresa privada, se puso en práctica un proceso de negociación basado en la concepción de Pacto Fiscal entre el gobierno y la gran empresa privada;  ANEP se mantuvo en la posición de la necesidad de una reforma fiscal (reforma tributaria, disminución del gasto público y pago de la deuda pública) que no afectara a la empresa privada. En los siguientes seis  años, los dos gobiernos del FMLN consiguieron aprobar todos esos impuestos ,  consiguiendo los votos de otros diputados de oposición, que no eran del partido ARENA.

Durante el resto de la administración de Mauricio Funes, las conversaciones con ANEP se hicieron más tensas, debido al temor de esa institución gremial de que el gobierno del FMLN se fortaleciera creando condiciones electorales para un segundo gobierno de ese partido, así­ como por la  personalidad de Mauricio Funes de no amilanarse ante los poderosos.

La gran empresa vio mayores posibilidades de acuerdo sobre la reforma fiscal con  la llegada a la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, pero  el gobierno continuó con la estrategia de Pacto Fiscal y con la compra de votos en la Asamblea Legislativa.

En  las elecciones legislativas de marzo 2015, ARENA logra aumentar significativamente sus diputados, convirtiéndose en el partido con mayorí­a en la Asamblea Legislativa; el gobierno se preocupó y aceptó discutir la propuesta de ANEP de que existiera un compromiso del gobierno para corregir el problema fiscal a mediano plazo.

El gobierno de Sánchez Cerén estaba llegando al lí­mite de lo que podí­a pedir prestado del Fondo de Pensiones administrado por las AFP; inició un esfuerzo polí­tico que le permitiera utilizar la mayor parte del ahorro de pensiones de los trabajadores para pagar la deuda previsional; diseñó  una propuesta de sistema mixto de pensiones (privado y público); en Junio 2016; el FMLN trató de forzar la aprobación de la propuesta gubernamental, pero no logró asegurar los votos necesarios.

En el mes de Julio 2016, FUSADES publicó los criterios para dialogar sobre una ley de responsabilidad fiscal; el gobierno logró la aprobación de impuestos a la electricidad.

En  noviembre 2016 fue aprobada la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero  en los siguientes meses algunos  aspectos de ese compromiso no fueron cumplidos por el gobierno, tales como la presentación de presupuesto completamente financiado y disminución significativa del gasto público. Ante este comportamiento gubernamental, el partido ARENA decidió no dar sus votos para más préstamos externos e internos. La situación de liquidez gubernamental llegó a una situación de crisis, para evitar caer en el impago se negoció con ARENA elevar el lí­mite de préstamos gubernamentales obtenidos del Fondo de Pensiones; la Sala de lo Constitucional dictaminó que era inconstitucional; el 7 de Abril de 2017 el gobierno cayó en impago, del cual salió cuando la Asamblea Legislativa le aprobó una transferencia de fondos para hacer el pago correspondiente a las AFP.

El gobierno habí­a realizado dos modificaciones a su propuesta de pensiones para lograr que fuera aprobada en la Asamblea Legislativa; finalmente  los partidos de oposición no aceptaron discutir la propuesta gubernamental;  aprobaron la propuesta de  mejorar el sistema privado de pensiones,  con tres modificaciones; dejando sin resolver el pago de las pensiones administradas por INPEP; para que el acuerdo legislativo no fuera vetado por el Presidente de la República, se autorizó un financiamiento para que el gobierno pudiera pagar las pensiones del mes de Octubre a unos ciento sesenta mil pensionados.

El gobierno dice que le faltan 554 millones para financiar el Presupuesto 2018, se espera que continúe las gestiones  para impulsar una nueva reforma tributaria y que la gran empresa privada insistirá en la necesidad de una reforma fiscal.

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Santiago Ruiz
Columnista Contrapunto
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