El pasado domingo 9 y luego de arribar una caravana de buses del estado, o presuntamente contratados, conducidos de acuerdo a algunos videos difundidos en la red, por militares en activo, con un número de entre 3,500 y los 4,500 asistentes (varias tomas aéreas de diferentes fuentes [Prensa Gráfica, Diario de Hoy, Periódico El Mundo, etcétera], dan cuenta de una asistencia que cubría aproximadamente las dos cuadras – 200 metros – , desde diferentes ángulos considerando la tarima como referencia, recubierta con un llamativo color rojo, montada para el mitin que consideraron realizar), llegó el ejecutivo al centro de gobierno, sin el acompañamiento del concejo de ministros quienes se supone convocaron al evento demandado: la sesión extraordinario para que el legislativo apruebe un crédito por 109 millones de dólares, supuestamente dirigidos a la necesidad de actualizar equipos militares y policiales vitales en su lucha contra la inseguridad.
Asevera el ejecutivo para justificarlo, “…que la inseguridad de los salvadoreños impone de urgencia la obtención de tal crédito…”, invocando el artículo 87 de la constitución, del que subraya el derecho del soberano a la insurrección, cuando las autoridades fallaren en su función, llamando por ello al pueblo a sublevarse contra el órgano legislativo, al que desde su acostumbrado tweet, llena de improperios denostándolo.
Alguna razón tiene el ejecutivo, puesto que el legislativo posee en su haber alrededor de 700 activos, todos con filiación partidaria, jugosos salarios, como también ventajas de toda índole, gracias a lo sustraído del erario público con el que maliciosamente se benefician a costillas del soberano.
Por otro lado y volviendo al tema del crédito, si éste era realmente necesario, huelga preguntar: ¿Por qué el propio ejecutivo promovió coludido con la derecha legislativa, a espaldas del soberano, semanas atrás, la exoneración fiscal por $650, 000,000.00 a la gran empresa, delusores y evasores?
Por aquel capital el estado no habría pagado intereses a la banca internacional y además de satisfacer la necesidad expuesta por el ejecutivo, se habrían extendido los beneficios al construir más hospitales, escuela, infraestructura vial, etcétera, porque el recurso pertenecería al estado, pero el que se demanda deberá ser adquirido luego de un trámite que de ordinario se toma 2 años, por lo que la urgencia demandada, solo puede explicarse de un modo, proselitismo.
En éste punto cabe aclarar que lo sucedido el domingo 9 en la asamblea, ¡no fue una insurrección!, sino una concentración planeada y ejecutada metódicamente desde el ejecutivo y con el propósito de imponerse al legislativo, rompiendo el estado de derecho, trayendo desde el interior a sus seguidores, pero también a empleados públicos, quienes fueron fustigados a asistir so pena de despido (circulan en las redes sociales imágenes de minutas dirigidas a estos, firmados pero sin cello por obvias razones, subrayando la obligación de asistir), por lo que debemos concluir que las acciones ejecutivas además de temerarias, atentan contra la seguridad, al exponer a la nación a un ciclo más agudo de violencia, con el agravante de ser promovida por éste mediante acciones ilegales.
