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Aldo Peña: Primer Hombre Trans en cambiar nombre y género en El Salvador

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Aldo Peña es el primer hombre trans en cambiar de nombre y género en El Salvador. Así resolvió el Tribunal 3º de Familia. El agente policial del CAM. Pero miembros de la institución le dieron golpes mortales en el Pride LGBT 2015.

Por Alessia Genoves


Aldo Alexander Peña es el primer hombre transexual en cambiar de nombre y sexo en El Salvador. El dato ha sido confirmado por representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que le representaron jurídicamente en proceso. La resolución tuvo lugar en el Juzgado Tercero de Familia de San Salvador; y lo definiría como la tercer persona salvadoreña en acceder a un cambio en el registro del nombre, en sus documentos de identidad, después de las activistas Bianka Rodríguez y de Verónica López.

Cambio de nombre y adecuación de la referencia al género y sexo” son el resultado de un proceso jurídico que comenzó desde el mes de “marzo de 2022”, según lo informó FESPAD. El juzgado no demoró en avanzar en el proceso hasta realizar la audiencia de sentencia, el pasado 27 de julio. La representante de la organización, Kerlin Belloso, detalló a ContraPunto que, como resultado, “se cambiaron estos datos también en la partida” de nacimiento.

Policía

Aldo Alexander Peña es un hombre transexual. Desde adolescencia reconoció su identidad de género, y proyecto de vida. Es el primer transexual en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), que en el país se haya conocido. La sentencia del Juzgado Tercero de Familia reafirmaría ésta realidad. Sin embargo, algunos agentes de autoridad no reconocerían su derecho humano a la vida, ni su derecho a la identidad y expresión de género. Los hechos se hicieron patentes con agresiones mortales propinadas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), la noche en que se celebró la Marcha por el Orgullo LGBT, del año 2015.

A mí esa noche, en cada golpe que me daban, los policías me decían lo siguiente: Como decís que sos hombre, tenés que aguantar como hombre. Entonces, o me trataban de marimacha…”, expresó Peña, en una entrevista dirigida en su momento por Alessia Genoves.

Aldo fue detenido por elementos de la PNC, y fue sometido violentamente tras haber sido acusado de cometer el delito de desórdenes públicos. “Pasé abusos de autoridad dentro del hospital, pasé custodiado, esposado en una cama, custodiado por dos policías”, indicó. Esas heridas lo habrían dejado estar lastimado en uno de sus ojos “jamás destaparon mi ojo para ver cómo estaba”.

Sin embargo, apeló al proceso que se ventilaba en su contra. Conseguida su libertad, y sobreseimiento de sus acusaciones, Aldo denunció a los agentes al testificar haber sido víctima de golpes y de una detención arbitraria arbitraria. En el informe judicial del caso se detalla el abuso de las autoridades al punto de generar lesiones agravadas, que fueron motivadas en perjuicio de su identidad y expresión de género, según Fespad.

Yo tuve la oportunidad de hacer justicia, porque yo tuve la oportunidad que muchas compañeras trans, que muchos compañeros gays, que muchos compañeros trans, que muchas compañeras lesbianas no tuvieron”, dijo Peña.

Nombre y sexo

7 años transcurrieron desde que Aldo Peña acudió a las instancias legales, para reafirmar su derecho a la justicia, para reafirmar su derecho a la vida e integridad personal. El pasado mes de marzo, Fespad acompañó a éste hombre al sistema de justicia salvadoreño, para refirmar su derecho a la identidad de género. La justicia no demoró en resolver su situación jurídica, pues el Tercero de Sentencia le permitió cambiar su nombre y sexo, en sus partidas de nacimiento y documentos de identidad.

“El 27 de julio 2022 a las 9 de la mañana el juzgado 3ro de familia en manos de una juez super especial humana y profesional se desarrollo la audiencia en la cual se solicitó poderme cambiar el nombre con el que me asentaron, por el nombre con el cual yo me idéntico según mi identidad de género como personas trans”, indicó Aldo Peña.

Fespad definió la resolución como un “precedente”, que favorecería las condiciones jurídicas en el país, para legalizar el cambio de nombre y de género de las personas trans. Kerlin Belloso, sin embargo, explicó a ContraPunto que existirían condiciones que limitarían el acceso oportuno a una resolución favorable, pues “cada juez tiene sus propios criterios, y aun hay jueces que se niegan a espetar el derecho al nombre de las personas trans”.

En el proceso, acompañado por FESPAD, es el primer caso donde se autoriza el cambio de nombre y adecuación de la referencia al género y sexo a un hombre trans en el Salvador, marcando un hito en la historia de los derechos civiles de la población trans”, indicó la institución, tras la divulgación de los resultados del fallo, el pasado jueves 18 de agosto de 2022.

Por otra parte, “ésta resolución muestra el compromiso de algunos jueces de respetar el derecho al nombre de las personas trans, en esta sociedad transfobica, se requiere de mucho valor para que un juez sin una ley especifica pueda aprobar este tipo de resoluciones”, añadió Kerlin Belloso a ContraPunto.

Abona a causas afines, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), a través de procesos de conscientización, y aplicación del derecho, al personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), e instituciones ligadas al órgano judicial. Desde los últimos 13 años, fue la primera organización social en demandar la aplicación de una Ley de Identidad de Género, consigna a la que se adscribieron decenas de organizaciones de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Precedentes

Bianka Rodríguez y Verónica López han sido las dos primeras mujeres trans que accedieron a un cambio de nombre en El Salvador. La primera ha representado la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans); y, en última instancia, la institución ya se encuentra capacitando al personal de los Duicentros del país. Entre otras cosas, también proporcionan asistencia jurídica al cambio de nombre de personas transgénero y transexuales.

El fallo en favor de las dos activistas se ventiló en un tribunal de familia. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional reconoció que la inexistencia de ley secundaria para el cambio de nombre es “lesivo a la dignidad humana” de las personas transgénero. En respuesta a ésta ausencia de legislación, “la Asamblea deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda personas que desee cambiar su nombre, para que sea compatible con su identidad de género”. Añade que la legislación debe proporcionar condiciones de “seguridad jurídica”, por el plazo de un año (p. 24. inc. 5. Expd. 33-.2016/1995-2016).

El fallo en favor de Bianka y de Verónica López constituiría el primer precedente en favor del estatus jurídico al nobre de las personas trans, en relación a su identidad de género. Se divulgó el pasado 18 de febrero del año 2022, en respuesta de un recurso de inconstitucionalidad a la demanda que no fue admitida el pasado 26 de marzo de 2021; según lo consta el expediente 26-A-2021.

Ley de Identidad de Género

Una Ley de Identidad de Género es necesaria, pese a los precedentes en el sistema de justicia, así lo define Fespad. La ley de identidad de género es necesaria, justamente porque ante su ausencia queda al arbitro de los y las juezas aprobar estos cambio de nombre o no y cada juez tiene su propio criterio”, valoró Kerlin Belloso, quien ha acompañado y colaborado en el estudio de una propuesta de ley, para tal fin.

La propuesta que lleva más de 14 años discutiéndose con diputados de la Asamblea Legislativa, no recibió moción sino hasta el año 2018, por las diputadas Yacy Urbina y Cristina Cornejo, entonces representantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), mientras fue presidenta la ex-combatiente Lorena Peña. Sin embargo la propuesta fue llevada a archivo, el pasado 7 de mayo del año 2021, desde la comisión de la Mujer e Igualdad de Género, tras ser definida, junto a otro centenar de propuestas de ley, como “obsoletas, y no acordes con la realidad nacional”.

Sin embargo, la Meza diseñó una nueva propuesta, que fue enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 21 de agosto del año 2021. Éste documento respondería a una “adecuación” y a una “actualización” que “le permite a los legisladores de la Asamblea Legislativa, una mejor interpretación; y un mejor análisis de la ley. Y, por supuesto, también, la actualización va apegada a normativas internacionales de derechos humanos, como lo es la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana (Corte IDH), ya vinculante con los 25 Estados miembros de la OEA”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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