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Acción Ciudadana estima que 58 personas han fallecido por el estado de excepción

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Según la organización "hay quienes señalan que muchos de ellos han sido asesinados dentro del penal".

El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, estimó que al menos 58 personas han fallecido en custodia del brazo represivo del gobierno, durante el periodo de capturas registrado por el régimen de excepción, puesto en marcha desde el 27 de marzo de este año.

“Más allá de decir que es el 1 %, que es el 10 %, cada vida vale. La libertad de una tan sola persona es sumamente importante, que no tiene valor, no tiene un precio. Yo le preguntaría a un amigo televidente: ¿en cuánto valora su libertad? Pasar tres meses detenido injustamente… Estamos hablando de los que injustamente han sido detenidos, ¿Cuánto vale tres meses de su vida en un centro penal con verdaderos criminales?, ¿Quién va a pagar eso?, ¿Quién va a resarcir el daño de eso?”, cuestionó.

Agregó que “hay quienes señalan que muchos de ellos han sido asesinados dentro del penal”.

Una de las víctimas más recientes es Adrián Efraín Solórzano Hernández, quien trabajaba en el servicio de transporte privado y fue capturado en su vivienda en Jucuapa, Usulután, acusado de organizaciones terroristas y recluido en el penal La Esperanza, de donde fue llevado al Hospital Zacamil ya muerto y luego su cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal, sin notificar a la familia, quien se dió cuenta por la funeraria, según relatan.

El estado de excepción se mantiene vigente luego de una matanza de 87 personas desde el 25 al 27 de marzo, que según una investigación publicada por El Faro habría sido causada por la ruptura del pacto que el gobierno habría tenido con las pandillas.

Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha aprobado tres prórrogas más que lo extienden hasta finales de julio.

Durante este período, todas las personas dentro del territorio salvadoreño tienen suspendidas las garantías constitucionales contempladas en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución, relativas a la “libertad de asociación, derecho de la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones”.

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