Por Alonso Rosales
El atentado con explosivos cerca de una base militar en Planadas, que dejó cuatro civiles muertos, incluida una bebé de dos meses, vuelve a poner en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia. Al mismo tiempo, el proyecto de ajuste fiscal del Gobierno abre un debate económico y social por el incremento del IVA en determinados bienes y servicios, con posibles repercusiones en el costo de vida de los hogares.
Ataque contra una base militar deja víctimas civiles en Tolima
Colombia comenzó noviembre con una nueva jornada de violencia. La noche del domingo 1 de noviembre, un atentado con explosivos sacudió el municipio de Planadas, en el departamento de Tolima, donde un camión cargado con explosivos estalló en las inmediaciones de una base militar.
El balance preliminar comunicado por las autoridades regionales fue de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, además de varios heridos. La explosión también provocó daños en viviendas y afectó infraestructura hospitalaria, generando temor entre los habitantes de la localidad. AP News+2
De acuerdo con los reportes periodísticos, durante el ataque también se observó la presencia de drones sobrevolando el casco urbano. Este elemento resulta relevante porque refleja la evolución de los métodos utilizados por organizaciones armadas ilegales, que han incorporado explosivos, dispositivos aéreos no tripulados y ataques contra instalaciones estratégicas.
Hasta el momento de los primeros informes, las autoridades no habían identificado oficialmente a los responsables materiales e intelectuales del atentado. En la región operan disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque esa presencia territorial no constituye por sí sola una prueba de autoría.El País+2
El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, decretó toque de queda y habilitó un centro educativo para atender a las personas afectadas. Las autoridades también adoptaron medidas de emergencia para proteger a la población.
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre el deterioro de la seguridad en el sur del Tolima, particularmente por los enfrentamientos entre estructuras disidentes de las FARC y las disputas por el control territorial y las economías ilegales.
La situación demuestra que el conflicto armado colombiano continúa teniendo consecuencias directas sobre las comunidades, incluso en localidades donde la presencia militar debería contribuir a garantizar la seguridad de los habitantes. El País+1
Una nueva prueba para la estrategia de seguridad colombiana
El atentado de Planadas representa un desafío para la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, quien ha impulsado operaciones militares contra organizaciones armadas ilegales.
La utilización de explosivos y drones evidencia que los grupos armados mantienen capacidad para ejecutar acciones que ponen en peligro tanto a las fuerzas militares como a la población civil.
El problema no se limita a la protección de instalaciones militares. También involucra el control de territorios rurales, las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y las disputas entre organizaciones que buscan ocupar espacios de influencia.
La respuesta estatal tendrá que combinar operaciones militares, inteligencia, protección de infraestructura y presencia institucional. Una ofensiva de seguridad puede debilitar estructuras armadas, pero su sostenibilidad dependerá también de la capacidad del Estado para recuperar los territorios y evitar que vuelvan a quedar bajo el control de organizaciones ilegales.
La muerte de una bebé de dos meses convierte este atentado en un recordatorio de que el costo del conflicto no lo pagan exclusivamente los combatientes: lo sufren familias enteras que quedan atrapadas en medio de la violencia.
IVA del 19 %: la canasta familiar entra en el centro de la controversia económica
Mientras Colombia enfrenta problemas de seguridad, otro debate comienza a generar preocupación entre los ciudadanos: el proyecto de Ley de Rescate Fiscal presentado por el Gobierno ante el Congreso el 29 de octubre de 2026.
La iniciativa busca reducir el déficit fiscal mediante una combinación de recortes al gasto público, modificaciones tributarias y eliminación de beneficios fiscales.
Uno de sus puntos más controvertidos es la modificación del tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA), cuya tarifa general continuará siendo del 19 %, pero que ampliaría su aplicación a productos que actualmente están excluidos, exentos o gravados con una tarifa reducida del 5 %.
La propuesta contempla que varios de estos cambios entren en vigor desde enero de 2028, si el Congreso aprueba el proyecto en los términos planteados. El País+2
¿Qué productos de la canasta familiar podrían pagar el 19 %?
Entre los alimentos que podrían pasar a tener IVA del 19 % a partir de 2028 figuran:
- Frutas como banano, naranja, piña, aguacate, mango, papaya, uvas y manzanas.
- Hortalizas como tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga y repollo.
- Granos como fríjoles, lentejas y garbanzos secos.
- Maíz destinado al consumo.
- Sal, miel y queso fresco.
- Café verde y cacao en grano.
También se plantea elevar del 5 % al 19 % el IVA de productos como café tostado, azúcar, chocolate de mesa, harinas, pastas y algunos cereales industriales.
Sin embargo, es importante aclarar que no todos los alimentos quedarían gravados. Según la descripción del proyecto publicada por El Espectador, productos como carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, papa, yuca, panela, pan y arepas conservarían el tratamiento de IVA del 0 %. EL ESPECTADOR+2
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El impacto económico: ¿quién terminaría pagando el incremento?
El principal interrogante es cómo se trasladará el incremento tributario al precio final de los alimentos.
Cuando un producto pasa de una tarifa del 5 % al 19 %, el cambio representa 14 puntos porcentuales adicionales de IVA. En el caso de los productos que actualmente tienen tarifa cero y pasarían al 19 %, la modificación es todavía más significativa.
Esto puede tener varias consecuencias:
1. Mayor presión sobre los hogares.
Las familias que destinan buena parte de sus ingresos a comprar alimentos podrían experimentar un aumento en sus gastos mensuales. El efecto dependerá de qué productos consumen, de las cantidades adquiridas y de cuánto del impuesto termine trasladándose al consumidor.
2. Presión sobre los pequeños comerciantes.
Tiendas, mercados y establecimientos de barrio podrían enfrentar cambios en sus costos de adquisición y comercialización. Si los proveedores trasladan el incremento, los comerciantes tendrán que decidir entre ajustar precios o reducir sus márgenes de ganancia.
3. Consecuencias para el sector agrícola.
La modificación también contempla cambios tributarios sobre determinados insumos agropecuarios. Fertilizantes, semillas, maquinaria y otros elementos podrían perder beneficios fiscales. Esto abre otro interrogante: si producir alimentos se encarece, el impacto podría extenderse a toda la cadena de abastecimiento.
4. Posibles efectos sobre el consumo.
Cuando los alimentos y productos de consumo cotidiano aumentan de precio, algunos hogares pueden reducir sus compras, sustituir productos o modificar sus hábitos alimentarios. EL ESPECTADOR+1
El Gobierno defiende las devoluciones del IVA
El Ejecutivo sostiene que la reforma busca corregir los desequilibrios fiscales y distribuir de manera más equitativa la carga tributaria.
Para compensar parte del impacto, ha planteado el programa denominado EfectIVA, mediante el cual propone devolver la totalidad del IVA a 19 millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y una devolución parcial a otros 16 millones de ciudadanos.
De acuerdo con la información publicada por El Espectador, los hogares con ingresos de hasta 3,4 millones de pesos colombianos podrían recibir, en promedio, una transferencia de 213.000 pesos mensuales. El primer pago estaría previsto, según el anuncio gubernamental, para diciembre de 2027.
La efectividad de este mecanismo dependerá de su implementación, de la identificación de los beneficiarios y de que las devoluciones lleguen oportunamente a las familias. EL ESPECTADOR+1
Análisis: el dilema entre sanear las finanzas públicas y proteger el bolsillo ciudadano
La discusión sobre el IVA en Colombia trasciende una simple modificación de tarifas tributarias. Se trata de determinar cómo debe financiarse el Estado sin trasladar una carga desproporcionada a los sectores que tienen menor capacidad económica.
Desde la perspectiva fiscal, ampliar la base gravable puede representar una oportunidad para incrementar los ingresos públicos y reducir la dependencia del endeudamiento. Sin embargo, desde la perspectiva social, gravar alimentos de consumo cotidiano plantea interrogantes sobre la distribución de los costos de ese ajuste.
El argumento gubernamental de devolver el impuesto a los sectores vulnerables merece ser evaluado con atención. Una devolución puede compensar parte del gasto, pero no necesariamente elimina los efectos de los aumentos de precios, especialmente cuando existen dificultades de acceso a los programas sociales o cuando las transferencias no coinciden con el momento en que se pagan los impuestos.
También existe un elemento que merece especial consideración: los alimentos no son bienes de consumo prescindibles. Una familia puede aplazar la compra de un electrodoméstico, pero difícilmente puede prescindir de frutas, verduras, granos o productos básicos.
Por eso, el debate debería considerar no solamente cuánto dinero espera recaudar el Gobierno, sino también cómo se distribuirá el impacto entre los distintos niveles de ingreso y qué mecanismos garantizarán que los productores y consumidores no terminen soportando una carga excesiva.
La otra cuestión es la credibilidad fiscal. Si el Gobierno presenta una estrategia de ajuste basada en reducir el gasto estatal, también tendrá que demostrar que los recortes se ejecutan efectivamente y que los nuevos ingresos tributarios se destinan a mejorar las finanzas públicas, los servicios esenciales y la inversión social.
Dos desafíos para Colombia: seguridad y estabilidad económica
Los acontecimientos de Planadas y la controversia por el IVA reflejan dos problemas diferentes, pero igualmente importantes para el futuro colombiano.
Por un lado, el Estado enfrenta el desafío de contener a las organizaciones armadas ilegales y garantizar que las comunidades puedan vivir sin temor a los atentados. Por otro, necesita corregir sus desequilibrios fiscales sin deteriorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
La seguridad es indispensable para la estabilidad económica, pero también lo es la capacidad de las familias para sostener sus condiciones de vida.
Colombia necesita instituciones capaces de garantizar el orden público y, al mismo tiempo, políticas económicas que permitan financiar al Estado sin comprometer la alimentación y el bienestar de la población.
La pregunta que queda sobre la mesa es si el ajuste fiscal propuesto logrará equilibrar las necesidades financieras del país con la protección de los hogares colombianos. La respuesta dependerá tanto de las decisiones que adopte el Congreso como de los resultados concretos de las políticas de seguridad y económicas del Gobierno.
Fuentes consultadas
- Associated Press (AP), 2 de noviembre de 2026: Ataque contra una base militar en Planadas, Tolima. Leer información de AP.
- DW, 2 de noviembre de 2026: Mortal ataque con explosivos cerca de una base militar en Colombia. Leer información de DW.
- El País, 2 de noviembre de 2026: Cuatro atentados con explosivos dejan cinco muertos en el suroccidente de Colombia. Leer artículo.
- El Espectador, 30 de octubre de 2026: Productos que podrían pasar a pagar IVA del 19 %. Consultar análisis tributario.
- El Colombiano, 29 de octubre de 2026: Cambios en el IVA de alimentos y productos de consumo. Leer artículo.
- El País, 29 de octubre de 2026: Presentación del proyecto de ajuste fiscal ante el Congreso. Consultar información.
