Por Alonso Rosales
California abrió un nuevo frente en la disputa entre los estados y el Gobierno federal por las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. El gobernador Gavin Newsom promulgó este martes una ley que prohíbe a agentes locales, estatales y federales utilizar guantes capaces de producir descargas eléctricas contra personas detenidas.
La nueva legislación entrará en vigor en 2027 y permanecerá vigente hasta 2030. Durante ese período, el Departamento de Justicia de California deberá estudiar los posibles riesgos asociados con estos dispositivos y presentar un informe a los legisladores estatales en 2029.
La medida llega pocas semanas después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzara a equipar a algunos de sus agentes con los llamados guantes eléctricos, diseñados para inmovilizar a personas que se resistan durante un arresto. Según la información citada por Associated Press, ICE adjudicó un contrato de 17 millones de dólares para adquirir aproximadamente 6,000 pares.
Newsom defendió la legislación como una medida destinada a reforzar la seguridad, la transparencia y la supervisión de las operaciones de control migratorio en California. El gobernador también criticó las políticas de la administración Trump y sostuvo que el estado debe adoptar medidas para proteger a las comunidades afectadas por las operaciones migratorias.
La iniciativa fue impulsada por la asambleísta demócrata LaShae Sharp-Collins, quien explicó que el objetivo es “poner en pausa” el uso de estos dispositivos mientras se estudian sus posibles efectos. La legisladora señaló además que existe preocupación entre comunidades que viven en un contexto de creciente actividad migratoria federal.
Un debate sobre seguridad y uso de la fuerza
Los defensores de la prohibición sostienen que todavía existen interrogantes sobre la seguridad de los guantes eléctricos y consideran necesario contar con estudios antes de permitir su utilización generalizada.
La discusión, sin embargo, también ha generado oposición entre representantes de las fuerzas del orden. El sheriff del condado de Sacramento, Jim Cooper, demócrata y antiguo legislador estatal, cuestionó la medida y sostuvo que los dispositivos forman parte de las herramientas consideradas no letales que pueden utilizar los agentes en determinadas circunstancias.
Cooper argumentó que las restricciones estatales pueden dificultar el trabajo de las autoridades cuando deben controlar situaciones de resistencia durante un arresto.
El debate se produce en un momento en que California ha aprobado numerosas medidas destinadas a ampliar las protecciones para los inmigrantes y limitar determinadas formas de cooperación entre las autoridades estatales y locales y los agentes federales de inmigración.
Según un análisis citado por Associated Press, 17 estados con legislaturas controladas por demócratas aprobaron este año más de un centenar de leyes relacionadas con inmigración, muchas de ellas orientadas a limitar la cooperación con las autoridades federales.
El desafío constitucional
Uno de los principales interrogantes que plantea la nueva legislación es hasta dónde puede llegar California al establecer restricciones para agentes federales.
Kevin Johnson, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, señaló que es probable que los tribunales tengan que determinar si el estado puede impedir que agentes federales utilicen determinados equipos durante el desempeño de sus funciones.
Johnson relacionó el posible conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece la primacía de la legislación federal cuando existe un conflicto válido entre las normas federales y estatales.
El académico consideró que el Gobierno federal tiene amplias facultades para determinar cómo se equipan sus agentes. De confirmarse esa interpretación en los tribunales, la aplicación de la prohibición a los agentes de ICE podría convertirse en un nuevo litigio entre Sacramento y Washington.
No sería, además, el primer enfrentamiento de este tipo. California ya ha enfrentado desafíos judiciales por leyes dirigidas a regular determinadas prácticas de los agentes federales de inmigración.
Una disputa que trasciende los guantes eléctricos
La prohibición de los guantes de descargas eléctricas representa así algo más que una discusión sobre un instrumento utilizado durante los arrestos. Forma parte de una disputa más amplia sobre los límites de la autoridad estatal frente al Gobierno federal en materia migratoria.
Mientras los defensores de la ley consideran necesario estudiar los riesgos de una tecnología que puede producir descargas eléctricas antes de permitir su utilización, sus críticos sostienen que las fuerzas de seguridad necesitan disponer de herramientas no letales para responder a situaciones de resistencia.
La decisión de California deja ahora abierta una cuestión que podría terminar nuevamente en los tribunales: si un estado puede establecer límites sobre el equipamiento utilizado por agentes federales que desarrollan operaciones dentro de su territorio.
El estudio que deberá realizar el Departamento de Justicia de California podría aportar nuevos elementos al debate antes de 2029. Pero la controversia jurídica podría comenzar mucho antes, especialmente si el Gobierno federal o alguna organización vinculada a las fuerzas del orden impugna la nueva legislación.
En última instancia, el conflicto coloca en el centro dos principios que deberán ser conciliados por los tribunales: la capacidad de California para regular la seguridad y el uso de la fuerza dentro de su territorio y la autoridad constitucional del Gobierno federal para dirigir sus propias operaciones migratorias.
Fuentes
- Associated Press (AP), 29 de septiembre de 2026.
- Gobierno del estado de California / Oficina del gobernador Gavin Newsom.
- Departamento de Justicia de California.
- Constitución de Estados Unidos, Cláusula de Supremacía.
- declaraciones de Kevin Johnson, profesor emérito de la Facultad de Derecho de UC Davis.
- declaraciones de Jim Cooper, sheriff del condado de Sacramento.
