Por Alonso Rosales
El Departamento de Justicia está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, bajo la teoría de que ambos funcionarios “conspiraron para obstaculizar la labor de agentes federales de inmigración” tras una amplia movilización de miles de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en la región de las Ciudades Gemelas.
La investigación se enfoca en si las declaraciones públicas de Walz y Frey —en las que criticaron duramente la presencia federal, promovieron protestas o llamaron a la desescalada tras la muerte de una mujer a manos de un agente del ICE— podrían constituir una violación de un estatuto federal que prohíbe conspirar para impedir el trabajo de funcionarios federales en el desempeño de sus funciones. Esa ley, de uso poco común, tiene sus orígenes en la época de la Guerra Civil y ha sido incluida recientemente en una guía interna de la fiscal general para perseguir a quienes el gobierno considera “terroristas domésticos”.
Para sus críticos, la investigación representa más que un examen legal: es vista como una forma de presión política. Walz describió el caso como parte de un patrón más amplio del gobierno federal de “convertir al sistema de justicia en un arma contra los oponentes políticos” y mencionó otros altos demócratas que han sido investigados recientemente. Desde su perspectiva, usar el Departamento de Justicia para perseguir discursos o acciones críticas hacia la política de inmigración del presidente Donald Trump equivale a un intento de intimidar a líderes de otros partidos y a funcionarios que han cuestionado la actuación de ICE en sus estados.
Frey, por su parte, calificó la investigación como “un intento evidente de intimidarme por defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas de seguridad locales y a nuestros residentes” frente a lo que considera una respuesta federal desproporcionada que ha generado caos y peligro en las calles.
Esta controversia se desarrolla en medio de protestas y tensiones sociales tras el despliegue masivo de agentes migratorios, el uso de tácticas de control de multitudes —incluido gas lacrimógeno y proyectiles— y críticas por la falta de respuesta federal ante la muerte de civiles. Para muchos opositores a la política de la administración actual, la investigación simboliza cómo las herramientas del Estado —como el Departamento de Justicia— pueden ser utilizadas no solo para aplicar la ley, sino también para presionar y amedrentar a quienes disienten de la política migratoria o de otras medidas de la Casa Blanca.
Fuente: NBC News, UNIVISION , TELEMUNDO
