Por Alonso Rosales
La operación militar lanzada por Estados Unidos contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha reabierto uno de los debates más sensibles del sistema internacional contemporáneo: la legalidad del uso unilateral de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados. Mientras la administración del presidente Donald Trump defiende la acción como parte de su estrategia de seguridad nacional y de combate al narcotráfico, expertos en derecho internacional, gobiernos de la región y sectores del propio Congreso estadounidense coinciden en calificar la incursión como una grave violación del derecho internacional y del orden jurídico interno de Estados Unidos.
Una operación sin aval internacional ni respaldo del Congreso
Los bombardeos estadounidenses sobre Caracas y otros puntos estratégicos del territorio venezolano se produjeron sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin mandato de la Asamblea General y sin una solicitud formal de intervención por parte de autoridades venezolanas reconocidas internacionalmente. Tampoco existió, según diversos legisladores, una autorización previa del Congreso de Estados Unidos, requisito establecido por la Constitución y por la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution).
Desde septiembre, la Casa Blanca había incrementado su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir supuestas rutas del narcotráfico, vinculando al gobierno venezolano con el denominado “Cartel de los Soles”. Sin embargo, tras la captura de Maduro, el propio Trump modificó su narrativa y aseguró que uno de los objetivos centrales de la operación era “recuperar el petróleo robado” a Estados Unidos, una afirmación que ha generado fuertes cuestionamientos jurídicos y políticos.
Expertos: “un crimen de agresión”
Juristas especializados en derecho internacional coinciden en que la acción estadounidense constituye un crimen de agresión, tipificado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Javier Ruiz, counsel de la CPI, sostuvo que Washington actuó de manera unilateral, sin agotar los mecanismos legales disponibles en el sistema multilateral.
Según Ruiz, Estados Unidos pudo haber intentado encuadrar su acción en el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), alegando una crisis humanitaria en Venezuela. Para ello, habría sido necesario someter la iniciativa a la Asamblea General de la ONU, donde —según el jurista— existían condiciones políticas para debatir una intervención de carácter humanitario. Al no hacerlo, la Casa Blanca optó por una vía que vulnera directamente el derecho internacional.
En la misma línea, el académico chileno Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional, afirmó que la operación “viola el derecho internacional en todas sus formas” y advirtió que ningún contexto político, por grave que sea, justifica el uso de la fuerza sin respaldo legal. Para Abedrapo, la acción estadounidense se inscribe en una lógica de imposición de poder propia de las grandes potencias, cada vez más alejadas del multilateralismo.
Reacciones regionales y deterioro del orden internacional
Las reacciones en América Latina no se hicieron esperar. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que la soberanía y el derecho internacional son pilares irrenunciables del orden global, mientras que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que este tipo de ataques sientan las bases de un mundo dominado por la ley del más fuerte.
Para los analistas, la invasión de Venezuela se suma a una tendencia preocupante en el sistema internacional, donde el uso de la fuerza vuelve a convertirse en un instrumento central de la política exterior de las potencias. Abedrapo comparó la acción de Washington con otras intervenciones recientes, como la invasión rusa a Ucrania o las operaciones militares israelíes en territorio palestino, señalando un deterioro progresivo de las normas que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial.
La postura de los demócratas en el Congreso estadounidense
Dentro de Estados Unidos, la operación también ha generado una fuerte reacción entre senadores y congresistas del Partido Demócrata, quienes han cuestionado tanto la legalidad como la conveniencia política de la intervención.
Varios legisladores demócratas denunciaron que el presidente Trump actuó sin consultar ni obtener autorización del Congreso, lo que, a su juicio, constituye una violación directa de la Constitución. En comunicados y declaraciones públicas, advirtieron que permitir este tipo de acciones sienta un precedente peligroso, al concentrar en el Ejecutivo decisiones de guerra que corresponden al poder legislativo.
Además, sectores demócratas subrayaron que la captura de un jefe de Estado extranjero mediante una operación militar unilateral podría desestabilizar aún más la región, agravar la crisis humanitaria venezolana y exponer a Estados Unidos a represalias diplomáticas y legales en instancias internacionales. Algunos senadores señalaron que, lejos de fortalecer la democracia, la invasión podría reforzar la narrativa antiestadounidense en América Latina y debilitar la credibilidad de Washington como defensor del derecho internacional.
¿Seguridad nacional o cambio de régimen?
A diferencia de intervenciones pasadas, la Casa Blanca no ha puesto el discurso de la democracia como eje central de su justificación. Analistas coinciden en que el objetivo principal fue el cambio de régimen, enmarcado en una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que recupera elementos de la Doctrina Monroe y reafirma a América Latina como zona de influencia directa de Estados Unidos.
Para los expertos, esta lógica representa un retorno a esquemas de poder que muchos consideraban superados. La normalización del uso unilateral de la fuerza, sin controles legales ni consensos multilaterales, alimenta un escenario internacional cada vez más cercano a la anarquía, donde las normas existen, pero las potencias deciden cuándo cumplirlas.
Un precedente de alto riesgo
La invasión estadounidense a Venezuela no solo plantea interrogantes sobre su legalidad inmediata, sino que deja un precedente de alto riesgo para el futuro del sistema internacional. La erosión del derecho internacional, la marginalización de los organismos multilaterales y la primacía de la fuerza sobre la ley configuran un escenario en el que los conflictos tienden a resolverse por imposición y no por consenso.
Como advierten juristas y legisladores críticos, el verdadero costo de esta operación podría no medirse únicamente en términos políticos o estratégicos, sino en el debilitamiento profundo de un orden internacional que, con todas sus imperfecciones, buscaba limitar precisamente este tipo de acciones.
FUENTES FRANCE 24
