Análisis de autorización de fondos adicionales
Alonso Rosales
La reciente decisión de la Asamblea Legislativa de incorporar $359.9 millones adicionales al Presupuesto General 2025 confirma dos tendencias claras en la política fiscal salvadoreña: por un lado, la necesidad de sostener el funcionamiento del aparato público ante crecientes demandas operativas; y por otro, la persistente dependencia del endeudamiento interno para cerrar brechas presupuestarias. Desde una perspectiva financiera, esta medida tiene efectos positivos de corto plazo, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país en los próximos años.
En principio, la reasignación parece razonable. Las instituciones beneficiadas —Educación, Salud, Seguridad, Defensa, Obras Públicas y otras— desempeñan funciones estratégicas que requieren financiamiento constante para mantener servicios esenciales. La inyección de $116 millones a Educación y $38.7 millones a Salud contribuye a reforzar áreas que históricamente han sufrido limitaciones presupuestarias. Además, los $57.5 millones para Obras Públicas ayudarán a mantener el ritmo de inversión en infraestructura, clave para la competitividad económica y la movilidad.
Sin embargo, la composición del financiamiento obliga a un análisis más profundo. Del total aprobado, $209.9 millones provienen de excedentes tributarios, impulsados por el Plan Antievasión y la factura electrónica. Esto indica una mejora real en la recaudación, un aspecto positivo para las finanzas públicas, pues refleja mayor formalización económica y un sistema tributario más eficiente. No obstante, depender de excedentes por crecimiento coyuntural no es una garantía de estabilidad permanente; estos montos pueden fluctuar ante cualquier desaceleración económica.
La segunda fuente, $150 millones provenientes de endeudamiento interno, vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad del Estado para sostener su carga financiera. Si bien se trata de títulos valores ya autorizados previamente, el impacto es el mismo: mayor presión sobre el servicio de deuda, menor espacio fiscal para proyectos futuros y el riesgo de desplazar financiamiento al sector privado (efecto “crowding out”), encareciendo el crédito.
Desde el punto de vista de política fiscal responsable, la medida evidencia la tensión entre mantener la operatividad estatal y evitar un crecimiento acelerado del endeudamiento. El desafío consiste en garantizar que los recursos inyectados generen retornos económicos y sociales que justifiquen el costo financiero adquirido. Por ejemplo, inversiones en educación tecnológica, infraestructura logística o modernización policial tienen potencial de mejorar la productividad y la competitividad del país; sin embargo, gastos operativos sin resultados medibles podrían convertirse en cargas persistentes para el presupuesto.
El refuerzo a instituciones como la Fiscalía, Procuradurías, Relaciones Exteriores y Turismo también tiene implicaciones importantes. Mejorar la capacidad judicial y la protección de derechos humanos puede elevar la confianza institucional, mientras que un mayor empuje al turismo favorece la captación de divisas. No obstante, el impacto dependerá de una ejecución eficiente, transparente y alineada con resultados.
En conclusión, la autorización de fondos adicionales es una respuesta fiscal necesaria para evitar la paralización institucional, pero también es un recordatorio de la fragilidad del balance presupuestario nacional. El Salvador avanza en recaudación y dinamismo económico, pero aún recurre significativamente al endeudamiento para cubrir sus necesidades. La clave será transformar estos recursos en inversiones estratégicas que impulsen crecimiento sostenible, reduzcan la dependencia crediticia y fortalezcan la estabilidad fiscal a largo plazo. Sólo así el país podrá traducir estas asignaciones en un verdadero desarrollo estructural.
FUENTES DEPRATMENTO DE PRENSA DE LA ASAMBLEA LEJISLATIVA
