Por Alonso Rosales
Un millonario proyecto inmobiliario vinculado a la familia Trump ha reabierto viejas heridas de guerra en Serbia. Pese a la polémica y una investigación judicial en curso, el Parlamento serbio aprobó el 7 de noviembre una ley especial para acelerar la construcción de un hotel de lujo en el terreno donde se alza el Generalštaba, un emblemático edificio militar bombardeado por la OTAN en 1999 y considerado uno de los últimos vestigios del modernismo yugoslavo.
El plan, impulsado por Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump—, prevé la demolición parcial o total del edificio para levantar un complejo de lujo en pleno centro de Belgrado. La decisión del Gobierno del presidente Aleksandar Vučić de retirar al Generalštaba de la lista de edificaciones protegidas desató indignación en sectores sociales, culturales y políticos del país, que acusan al Ejecutivo de ceder a intereses extranjeros y de violar la legislación nacional.
“Lo quieren derribar. Van a destruir uno de los últimos ejemplos del modernismo yugoslavo y la memoria de lo que sufrimos durante la guerra”, denunció el arquitecto Miljan Salata durante una manifestación frente al Parlamento. Con pancartas que decían “No entregaremos el Estado Mayor”, cientos de ciudadanos protestaron contra lo que califican como “una ofensa a la historia y al dolor de las víctimas serbias”.
El proyecto fue aprobado gracias al respaldo del Partido Progresista Serbio de Vučić y sus aliados, quienes defendieron la medida al asegurar que podría atraer inversión extranjera y fortalecer las relaciones con la Administración Trump. “Estamos abriendo espacio para que Serbia avance. Si eso mejora nuestras relaciones con Estados Unidos, bienvenido sea”, dijo el diputado Milenko Jovanov.
Sin embargo, la comunidad internacional de arquitectos y conservacionistas ha alzado la voz. El Consejo de Arquitectos de Europa (ACE), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Docomomo International y Europa Nostra calificaron la decisión como “una grave violación de la Constitución y del Estado de derecho”. En un comunicado conjunto, advirtieron que la “lex specialis” aprobada por el Parlamento constituye un precedente peligroso que amenaza la protección del patrimonio cultural serbio.
A las críticas se sumaron organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, que consideran el proyecto “una afrenta a la memoria de las víctimas del conflicto de los Balcanes”. La ONG Human Rights Watch Serbia expresó su “profunda preocupación por la comercialización del dolor y la manipulación política de los símbolos de la guerra”, mientras que Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Belgrado “detener cualquier acción que implique la destrucción del sitio histórico hasta que se garantice un proceso transparente y respetuoso de los derechos de las víctimas y sus familias”.
Diversos historiadores también señalaron que el edificio del Generalštaba, diseñado por el arquitecto Nikola Dobrović, no solo representa una joya arquitectónica, sino un testimonio tangible de los años más oscuros del país. “Convertirlo en un hotel de lujo es como edificar sobre las ruinas del dolor colectivo”, dijo el profesor Dragoslav Pavlović, de la Universidad de Belgrado.
Pese a la creciente oposición, las obras podrían comenzar en 2026, en un contexto donde Serbia busca equilibrar su identidad nacional con su ambición de atraer inversión extranjera. Pero para muchos ciudadanos, el mensaje que deja esta decisión es claro: el dinero, una vez más, ha pesado más que la memoria.
