Por Gabriel Lerner.
Hispanic L.A.
Al hospital Valley Presbyterian de Van Nuys, a una milla de mi casa, entra una señora empujando a su padre en una silla de ruedas. Él tiene 80; no habla inglés. Ella lo habla muy bien, casi sin acento extranjero. Algo le duele, explica, y pocos minutos después un enfermero con un carrito de jeringas, frascos y formularios la encuentra en la sala de espera. Allí mismo le hace cinco o seis exámenes de sangre al señor. En un rato más la llamará el doctor con los resultados. El anciano tendrá su merecida atención.
Simple, directo, justo, correcto. Como en cualquier otro país desarrollado.
Pero en unos meses, cuando se esté poniendo en práctica la nueva ley One, Big, Beautiful firmada el 4 de julio por Donald Trump, la situación cambiará.
Millones se van a quedar fuera del círculo protector de la salud. ¿Cuántos?
En un entorno dominado por la falta de respeto con la verdad por parte del grupo del poder, los números fluctúan. Los más acérrimos seguidores del régimen dicen que el número tiende a cero. Quien diga lo contrario son… (insultos). Para otros la fluctuación es de 7 millones a 17 millones. En el medio están los números oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución apartidaria.
Adopto entonces esta frase de comienzo:
“Aproximadamente 11.8 millones de adultos y niños correrán el riesgo de perder el seguro de salud”.
Otros millones perderán los beneficios de estampillas de comida llamados SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, CalFresh en California) con que el gobierno federal ayuda a 42 millones de estadounidenses que ganan menos de $15,000 por año a comprar alimentos.
Además, un alto porcentaje de quienes utilizan los mercados de atención médica creados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) verán sus opciones degradarse.
Y poco se habla de que los subsidios pagados a los beneficiados durante los años del COVID-19 vencerán a fin de año. Sus primas subirán, dice un análisis de la Fundación Familiar Kaiser, en un 75%.
Pero en el 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Trump la rubricó con su firma con un desfile de bombarderos furtivos B-2 como los que atacaron Irán.
Irradia alegría, festejo, victoria. Bautizó la ley con un nombre de propaganda: ley única, grande, bella. Y los congresistas dijeron que sí y el nombre entró a la historia: One Big Beautiful Bill Act 119th Congress (2025-2026).
Victoria suya es, pero para el pueblo estadounidense es derrota.
Con el dinero ahorrado con los recortes al programa Medicaid (MediCal en California) ellos, y los donantes, los compinches, su círculo socioeconómico, se volverán mucho más ricos, al extender la vigencia de los recortes impositivos que el mismo Trump había promulgado en 2017.
Y los pobres, que coman pastel. Que se atraganten. Que era lo que quería María Antonieta.
Gracias a la nueva ley, la deuda nacional, ya de 36.2 billones (trillions en inglés) de dólares crecerá en tres billones más. Eso, a pesar de que la ley “reduce el gasto federal de salud en aproximadamente un billón a lo largo de una década de manera que pondrá en peligro la salud física y financiera de decenas de millones de estadounidenses”.
Las consecuencias desastrosas de este desastre, dictó el gobierno, las enfrentarán los hospitales, hogares de ancianos, centros de salud comunitarios. La deuda, la pagarán las generaciones venideras.
Una senadora republicana dijo todas estas verdades contra la moción de ley, pero cambió de opinión cuando introdujeron una enmienda de 50,000 millones para hospitales rurales. El dinero se distribuirá durante cinco años y luego desaparecerá.
Al menos siete senadores y otros tantos congresistas hablaron pestes de la ley. Es que representan distritos que vacilan y podrían perder sus puestos en las elecciones del año próximo. Si su conciencia hubiese dictado su voto, la moción hubiera fracasado.
Es difícil saber cuántos legisladores de quienes votaron a favor entienden lo que han hecho. Es imposible saber cuántos sí lo entienden, pero les importa un rábano.
En abril, la versión de la ley barajada por la Cámara Baja llevaría al cierre de 190 hospitales rurales que sirven a 62 millones de estadounidenses. La versión aprobada finalmente en julio cerrará 300, según investigadores del Centro Sheps en UNC (University of North Carolina at Chapel Hill). Generalmente, en estados como Kentucky, Louisiana y Oklahoma, de mayoría republicana.
Los legisladores no entienden, o entienden pero no les importa, que es interés nacional que las personas con problemas de salud reciban ayuda médica. Su ausencia en los consultorios llevará inevitablemente a una explosión enfermedades y la desaparición de millones de las filas de la gente productiva.
Por esa razón generaciones de legisladores se habían esmerado en bajar los pagos por visita médica para los que menos tienen.
Pero como premio consuelo, la nueva ley permite a los estados aumentar los costos compartidos (de no emergencias). El resultado será una vez más endilgar la crisis a los hospitales, que tendrán que responsabilizarse del gasto. O cerrar.
En unos meses comenzarán a aflorar las historias de quienes quedaron fuera del ciclo de controles de detección temprana, tras lo cual vendrán los padecimientos por problemas del corazón, diabetes, depresión, complicaciones y trastornos predecibles y evitables.
Serán problemas aparentemente simples que tienen soluciones rápidas y de bajo costo en condiciones normales pero que podrían ser tragedias si no se atienden. Una uña encarnada en un diabético puede así convertirse en un problema grave, en una posible infección y amputación.
Los pacientes atiborrarán las clínicas comunitarias, que se basan en donaciones y que de por sí no dan abasto. Así obtendrán atención primaria. Pero no acceso a especialistas.
Todo esto son detalles sin importancia para quienes festejaron como energúmenos el paso de la ley bonita. Total, siempre pueden decir que son fake news y echarle la culpa a los periodistas, los demócratas, los indocumentados. Mientras, ríen satisfechos.
Retomado de: Hispanic L.A.
