Por Alessia Genoves
45 empleados municipales denuncian despidos injustificados y retención de cuotas laborales, contra la Alcaldía de San Salvador, durante la administración del ex-alcalde Ernesto Muyshondt. El proceso se ventila en el Juzgado 8º de Instrucción de San Salvador, en donde se ha celebrado la audiencia inicial en contra del ex-tesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares. El número de denuncias, por otra parte, sugiere un incremento respecto a la 41 procesadas en el Juzgado de Paz de San Salvador, donde entonces los adeudos eran de $5,2 millones de dólares.
“Incumplimiento de deberes” es la imputación a Muyshondt, que la Fiscalía General de la República (FGR) designaba, hasta la celebración de la audiencia inicial en el Juzgado de Paz, hasta el pasado 16 de septiembre del año 2021. El resto de los implicados responden por las acusaciones de los delitos de “apropiación y retención de cuotas laborales”.
ContraPunto ha podido constatar que en los presupuestos diseñados durante los años 2019 al 2020, tuvieron un leve decrecimientos en los saldos totales de las remuneraciones a empleados, por más de $510 mil dólares; un monto que no representaría el saldo total de las retenciones estimadas por la FGR; y que, desde luego, deben constatarse en el Órgano Judicial. También se ha tenido posesión de 9 diferentes expedientes del Centro de Documentación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, ninguno de ellos define la cuantía estimada en las demandas dinerarias.
Retención de cuotas
Fernando Portillo desarrolló sus funciones dentro del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, durante la administración del alcalde Ernesto Muyshondt. Sin embargo, entre los expedientes de nulidad de despidos -en los que algunas demandas también responden a retenciones de cuotas laborales- se enumeran otros miembros del Concejo Municipal; entre ellos, la síndica municipal, Gloria Margarita Calderón de Oñate.
Otras personas referidas -en colectivo y de forma individual- dentro de los expedientes judiciales, refieren a los síndicos propietarios, José Francisco Rivera, Miguel Antonio Azucena; German Alejandro Muñoz, Arlyn Celia Idayari Rivas y a Luis Eduardo Quiñonez. También son referidos los miembros Georgina Michelle Linares, René Oswaldo Ayala, Celio Vidal Sibrian; Gabriel Marisol Vásquez, Rodolfo Armando Pérez, Edgar Javier Castillo y Yesenia Xiomara Hernández.
No obstante, la FGR individualiza, en la presunta comisión de delitos, a servidores públicos como Fernando Heriberto y Ernesto Muyshondt. A éste último, como se ha informado, se le denuncia por el delito de Incumplimiento de deberes, un delito definido en el Código Penal como aque en el que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período” (art. 321).
Portillo, por su parte, debe responder por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales”. Ésta definición de delito se halla delimitada en el artículo 245 del Código Penal: “El patrono, empleador, pagador institucional, o cualquier otra persona responsable de la retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente fondos, contribuciones, cotizaciones, cuotas de amortización de prestamos de los trabajadores o cuentas destinadas legalmente al Estado, instituciones de crédito o bancarias, intermediarios financieros bancarios o no bancarios, o instituciones de asistencia social, seguridad social o sindical; o no los ingrese en tales instituciones en el plazo y monto determinado en la ley, en el contrato correspondiente o en la orden de descuento, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.
También se añade que “para la fijación de la sanción, el juez tomará en cuenta el número de cuotas retenidas y la cuantía de las mismas” (art. 245, inc. 2). Ésta condición implica que, invariablemente de los requerimientos fiscales así lo establezcan, el juez debe aplicar una sanción proporcional al monto de las afectaciones dinerarias contra los 45 empleados presuntamente afectados.
Remuneraciones
$5,674,423.77 dólares USD se adhirieron al presupuesto municipal para el año 2020. Ésta configuración presupuestaria se deduce del Presupuesto Municipal para el año 2020, que fue de $36,288,422.43 dólares USD; cuando en el año 2019 fue de $30,613,998.66 dólares USD. ContraPunto hace notar a sus lectores que éste incremento en el monto de las remuneraciones, no obstante, es superior a lo que se esperaría de un recorte dado a la descrita comisión de irregularidades en la entrega de cuotas laborales.
FGR, por su parte, indica que la comisión de los delitos habría tenido lugar durante el “1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020”; por lo que la designación compartida en éste medio es pertinente de observación. Por otra parte, ContraPunto también ha observado que las designaciones presupuestarias, en el rubro de remuneraciones, han tenido una evolución creciente desde 2018 a 2021; siendo que las fluctuaciones -por disposición política- tiene sólo una tendencia constante al alza, y no a la baja.
No obstante, las remuneraciones en rubros específicos sí que han tenido recortes. Ello se observa en las remuneraciones designadas en el Centro de Formación Laboral, donde pasaron de $399,880.96 dólares USD para 2019, a los $399,370.14 dólares USD para el año 2020. Por otra parte, éste medio observa que las designaciones dadas al Comité de Fiestas incrementaron, de $151,450.34 dólares USD en 2019, a los $191,848.12 dólares USD en 2020; hasta los $207,095.30 dólares USD en 2021. Éste último rubro, en cuestión, incrementó, pese al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid19, decretado desde marzo del año 2020.
