El Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019 divulgado, este lunes, por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) reveló que 45 por cada 100 salvadoreños creen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses.
De acuerdo al capítulo El Salvador de Transparencia Internacional de FUNDE, las aportaciones de la población comprenden la administración anterior, ya que el estudio fue realizado durante enero a marzo de este año.
Pese a esto, la percepción de la corrupción en el país ha reducido un 6%, debido a que durante la edición 2017 era de 53%
En este sentido, el informe destaca que el 57% de los salvadoreños cree que elpresidente Salvador Sánchez Cerén estaba involucrado en corrupción, lo que representa un aumento de 14 puntos porcentuales respecto a 2017, donde solo el 43 % pesaba de esa forma.
El 93 % de los entrevistados cree que la corrupción gubernamental representa un problema grave, pero la mayoría, 64 %, cree que la actuación del Gobierno es mala para luchar contra la corrupción.
Otro dato que arrojó el informe, es que el 15 % de los entrevistados experimentaron o conocen casos de extorsión sexual, es decir, cuando un funcionario promete un beneficio gubernamental a cambio de un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo o promoción o evitar una multa o encarcelamiento. Por lo que, más de una de cada cinco personas que acceden a servicios públicos se ven obligadas a pagar un soborno.
En El Salvador, un 47 % cree que los empleados públicos están involucrados con la corrupción, esta percepción era 32 % en 2017; un 43 % lo cree de las alcaldías; y 43 % de los jueces y magistrados del Órgano Judicial.
La tasa del soborno, indica el estudio, se redujo 17 puntos porcentuales a 14 %. En la Policía fue del 24 %, en las escuelas públicas de 13 % y en la instalación de servicios públicos del 9 %.
Por lo tanto, FUNDE recomienda: Fortalecer la integridad de los procesos electorales y aplicar sanciones en casos de compra de votos, asegurando un financiamiento transparente para las campañas y apoyo para una cobertura periodística basada en hechos; empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien la corrupción, entre otras formas, a través de la adopción de leyes que protejan a quienes denuncian irregularidades e implementar el Compromiso de Lima adoptado en el marco de la VIII Cumbre de las Américas y reportar públicamente los avances logrados.
