Por Alessia Genoves
“Son cerca de 2,000 personas liberadas” de centros penales, afirmó el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. La cifra responde al número de personas exentas de responsabilidad penal, tras ser procesadas por su presunta pertinencia o participación en maras o pandillas.
56,597 personas han sido detenidas durante la declarada Guerra Contra Pandillas, desde el pasado 25 de marzo. Cerca del 90% de las personas detenidas han sido procesadas con prisión preventiva, al tener arraigos por su presunta participación en maras o pandillas. Y, durante su contención, Villatoro aseguró que la Dirección General de Centros Penales (DGCR) habría reducido el número de letalidades en los reclusos.
230 días sin homicidios se acumulan duración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sólo durante el Régimen de Excepción, se cuantifican 156 días sin homicidios. Sin embargo, organizaciones sociales han denunciado presuntas vulneraciones a los derechos humanos de los internos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), demandando la derogación del Régimen de Excepción.
Liberados
Unas 2,000 personas habrían sido liberadas, tras pasar varios días detenidas en centros penales. Su detención corresponde a la presunción del delito de Agrupaciones Ilícitas, por su presunta pertenencia o participación en maras y pandillas. Sin embargo, el dato dato que divulgó Villatoro en la entrevista Frente a Frente responde a un aproximado, y no cifra exacta.
“Si no me falla la memoria, te podría decir que son cerca de 2,000 personas liberadas, las que han salido. Tendría que verificar el dato, pero son un poquito menos o un poquito más de 2,000. Pero, más o menos ese es como el número de los que se ha liberado”, indicó Villatoro.
803 era la cantidad de personas liberadas hasta el mes de septiembre, según lo anunció el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado. El dato lo divulgó en un programa de entrevista trasmitido por Canal 10, el pasado 20 de septiembre. La cifra superó a las 653 personas liberadas, que la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer el pasado 19 de agosto.
De hecho, las cifras de personas liberadas responden, en parte, a la demanda de organizaciones sociales que presumen haber recibido denuncias por hechos arbitrarios a los derechos humanos, de poblaciones denunciantes. Algunas de las denuncias fueron procesadas por la Fundación Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DUE); la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y organizaciones como AMATE El Salvador; que llevaron ante la CIDH una referencia de hasta 4,071 denuncias, de las que el 75% respondería a presuntas detenciones arbitrarias.
La representante de Amnistía Internacional en El Salvador, Belissa Gutiérrez, reiteró la demanda de las organizaciones, que concluía en demandar al “Estado salvadoreño a que a derogue el decreto (N.º 333) de estado de excepción, y toda la normativa violatoria de Derechos Humanos aprobada en este contexto”.
4,640 presuntas denuncias -un número superior al de las organizaciones- llegó a recibir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el conocido Plan Nacional de Veridicación del Régimen de Excepción, hasta el mes de agosto. Hasta ahora, la actual titular, Raquel Caballero, no ha anunciado su continuidad. Sin embargo, su predecesor, Apolonio Tobar, indicó que apenas 7 presuntas vulneraciones a los derechos humanos podrían dirigirse al órgano judicial, de más de 150 expedientes.
Durante el programa de entrevista, el conductor Federico Zeledón reiteró las inquietudes de las organizaciones, consultando: “¿Cómo salen éstas personas después de 15 días o 30 días. Y si hay alguna responsabilidad del Estado?. Y si hubo algún tipo de violencia en contra de ellas, violaciones, golpes, etcétera. ¡Bueno!. Ya sabemos que puede ocurrir en una cárcel”.
Villatoro responde: “No. Eso no es posible, Federico. Eso que tú mencionas de violaciones dentro de las cárceles, no. Recuerda que estamos haciendo una acción en base a las herramientas legales, constitucionales. Quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo dentro de un Estado de derecho”.
Menos Homicidios
156 días sin homicidios han sido reportados, desde la activación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La cifra integra los 230 días sin homicidios acumulados durante la vigencia de la de la presidencia de Nayib Bukele.
470 homicidios han sido reportados hasta el 9 de noviembre del año 2022. La cifra representa una reducción del -77.7% a la del mismo período del año 2019, cuya cantidad era la de 2,115 homicidios, según lo ha dado a conocer la PNC, en sus informes periódicos. Al mismo tiempo, la cifra de la fecha actual representa una contracción del -49.9% respecto a los 939 reportados
De acuerdo con las autoridades de justicia, la reducción de los homicidios es paralela a la de los continuos operativos que han tenido lugar durante la Guerra Contra Pandillas. El resultado paralelo es el arresto de 56,597 personas, de las que el 90% han recibido orden de prisión preventiva. Sin embargo, éstos resultados son cuestionados por organizaciones sociales, debido a la continua declaración en reserva de información sobre los operativos en la Guerra, y las cifras de homicidios.
Bukele, sin embargo, reprocha los señalamientos: “Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles?; ¿cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calle?. ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión?, porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”.
Sólo durante los primeros tres años del gobierno de Bukele, se reportaría un acumulado aproximado de 3,900 homicidios; una cifra que es un 75.55% inferior a los reportes divulgados durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (15,881). Mientras que, en el mismo período de la administración de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, la diferencia representó contracciones respectivas del 67.55% y del 64.47%, según informes del Instituto de Medicina Legal.
También Bukele cuestionó: “¿Cómo puede ser un maquillaje de cifras?. Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad sería otra cosa. Así yo dijera «cero homicidios», pero los cadáveres estuvieran en el suelo, como estaban antes. Las cifras dijeran que se ha capturado a los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en sus colonias cómo estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice que «yo antes iba a las comunidades y pedía permiso para entrar«, hoy ya no pide permiso para entrar”.
Muertes en Centros Penales
80 muertes en centros penales habría reportado la Fundación Cristosal, en sus últimos informes de sobre el monitoreo de la situación de derechos humanos durante el Régimen de Excepción. El dato que fue divulgado durante el mes de septiembre fue cuestionado por el presidente Bukele, y su Gabinete de Seguridad
Las organizaciones reiteran al gobierno dar resolución sobre los incidentes, que a conocimiento de la representate de DUE, Sonia Padilla, “éstas muertes se han producido por golpizas de agentes custodios o de otros internos, o por falta de atención médica o previsión de medicamentos en caso de enfermedades adquiridas dentro de los centros de detención o ya sea también por enfermedades crónicas”.
Villatoro también respondió: “¿Por qué no me preguntas de los 56,597 cuántas letalidades tenemos?, Porque eso refleja, precisamente, ese respeto a los derechos humanos, y sobretodo el derecho a la vida incluso de esos terroristas”. Entre otras cosas, también indicó que en “todo sistema penitenciario hay muertes. Todos los años se muere gente. Vea las estadisticas de los gobiernos del FMLN, eran más de 100 al año. Son muertes. Ya es normal”.
“Tenemos menos muertes per-cápita que en los últimos 20 años”, aseguró el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La información la compartió en una durante la última reunión divulgada por el Gabinete de Seguridad de la Presidencia. El titular de la Dirección Nacional de Centros Penales (DNCP) sostuvo que la reducción de la mortalidad es consecuente a las “buenas prácticas penitenciarias” y sanitarias que se estarían desarrollando durante el gobierno del presidente Bukele.
El Fiscal General indicó que “la Unidad Fiscal de los Delitos de Homicidios está realizando la investigación de cada uno de esos casos”. También informó que “a éste momento llevamos el 50% de los casos, de esas muertes en centros penales, y no se ha establecido la existencia de delito alguno. El resto está todavía en investigación”.
Villatoro reiteró que algunas de las muertes en centros penales ya estaban condicionadas por los padecimientos previos de la población carcelaria. Al referirse a los reos, explicó que ”hay muchos que incluso tienen preexistencias clínicas. Incluso, cuando se hacen capturas en el área rural, muchas veces nosotros no sabemos cuántos días llevan sin comer, cuántos días llevan sintratarse. Por eso existen protococos, dosnde nosotros recepcionamos. Se les pregunta algún tipo de preexistencias clínicas.
