Por Alessia Genoves
$1,460.00 USD es la multa establecida en contra de la señora Blanca Maribel Solano de Sosa, Alcaldesa Municipal de Salcoatitán, Sonsonate. La sanción ha sido impugnada por el Tribunal de Ética Gubernamental, en su resolución “92-A-22 Acum. 110-A-22”. Y responde a la realización de 2 viajes irregulares durante los meses de mayo y junio de 2022 durante su jornada de trabajo y si solicitar ni obtener autorización legal, incumpliendo sus obligaciones edilicias.
$255,137,753.15 USD constituyen el saldo faltante o irregular en las cuentas públicas de al menos 60 alcaldías municipales de El Salvador, según lo destaca la Corte de Cuentas de la República (CCR), en su última rendición de resultados divulgados en junio de 2023 por el entonces titular, Roberto Anzora, ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. La sanción ética contra Maribel Solano, sin embargo, no se circunscribe a los saldos faltantes acumulados, pero forman parte de las irregularidades de las mismas.
Hechos comprobados y sanción
Detalla el expediente del caso, en mayo y junio de 2022 la alcaldesa Solano de Sosa efectuó “dos salidas del país con fines turísticos, sin tramitar licencia ante el Concejo Municipal de Salcoatitán ni nombrar alcalde interino” para que asumiera sus funciones durante su ausencia, tal como establece el Código Municipal.
Específicamente, el primer viaje tuvo lugar del 5 al 17 de mayo con destino a Estados Unidos, mientras que el segundo ocurrió del 21 al 29 de junio del mismo año hacia el mismo país. En ambos casos, los registros migratorios de la funcionaria evidencian que los movimientos fueron realizados en fechas y horas hábiles en las que le correspondía ejercer su cargo edilicio.
No obstante dichas ausencias injustificadas, la señora Solano de Sosa continuó percibiendo normalmente su salario mensual de $1,706.25 USD como alcaldesa de la municipalidad durante los períodos en que permaneció fuera de sus labores, lo cual significó un dispendio indebido de fondos públicos municipales al no haber prestado efectivamente los servicios. Los hechos pueden comprobarse en la investigación, patente en la resolución f. 55, que se encuentra en el documento citado.
Ante ello, en la resolución el TEG determinó que la señora Solano de Sosa faltó a la prohibición ética establecida en el artículo 6 letra e) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), la cual prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las expresamente permitidas en las leyes. El Tribunal consideró que la alcaldesa pudo perfectamente solicitar licencia siguiendo el procedimiento establecido en el Código Municipal, pero no lo hizo, denotando un actuar doloso de su parte para eludir tanto sus obligaciones funcionales como las posibles responsabilidades legales ante sus ausencias ilegítimas.
¿Qué criterios definieron la sanción?
Al determinar el monto de la sanción, el TEG valoró la gravedad que revisten las ausencias ilegales por parte de una funcionaria electa popularmente para representar los intereses de la población, no los personales; así como el daño generado a la administración municipal al desatender sus obligaciones sin que nadie la reemplazara durante ese tiempo.
Asimismo, estimó que constituye un agravante el contexto de corrupción que impera en las municipalidades salvadoreñas. Según reportes de la Corte de Cuentas, desde 2018 a la fecha se acumula un monto de $255,137,753.15 USD en irregularidades y actos de corrupción detectados en las comunas. Tan solo en 2023 suman $57,511,121.24 USD los casos denunciados ante la Fiscalía General de la República.
En consideración de lo anterior y del salario mensual que devengaba la señora Solano de Sosa como alcaldesa, el TEG justificó la imposición de una multa equivalente a 4 salarios mínimos mensuales del sector comercio vigentes en mayo/junio de 2022, que ascendían a $365.00 USD cada uno, resultando un total de $1,460.00 USD. La resolución sancionatoria busca enviar un firme mensaje a los servidores públicos municipales sobre la importancia de actuar siempre con rectitud y acatamiento de las normas éticas. Las autoridades electas tienen un compromiso irrenunciable con la ciudadanía que las eligió confiando en que desempeñarían honorablemente sus funciones.
